Asesinato de mujer de 61 años habría sido ordenado por su propio yerno

A Éiver Andrés Trujillo Cerquera la Fiscalía lo acusa de haber planeado el homicidio de Marleny Garzón Ávila, de 61 años, en julio del año pasado, en el suroriente de Villavicencio, en el cual también habría participado Óscar Mauricio Villar Sanabria.

A los dos hombres un juez de Miraflores (Guaviare) Meta los envió a prisión porque supuestamente acordaron el crimen, informa la Fiscalía en un comunicado.

Las investigaciones del ente acusador establecieron incluso que Trujillo Cerquera, a quien califica como “autor intelectual” del crimen, le infligía maltrato físico, verbal y sicológico a su suegra desde que vivió en la misma casa con ella y su única hija, pareja del acusado.

Testimonios de amigos y familiares recogidos por los investigadores indican que los maltratos se producían con el consentimiento de la hija de la víctima, agrega el despacho oficial.

La Fiscalía recuerda que en la tarde de los hechos, cuando Marleny Garzón Ávila caminaba por la calle fue atacada por la espalda por un sicario, que le propinó varios disparos y le ocasionó la muerte.

Ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Miraflores (Guaviare) fueron presentados los dos hombres, capturados por investigadores del Grupo de Homicidios del CTI Meta, con apoyo operativo de unidades del Gaula de la Séptima Brigada del Ejército, para el desarrollo de audiencias concentradas.

La Fiscalía le imputó a Trujillo Cerquera cargos como presunto autor intelectual de los hechos, por los delitos de feminicidio agravado en concurso heterogéneo y sucesivo con fabricación, tráfico y/o porte ilegal de armas de fuego agravado, a los cuales no se allanó.

A Villar Sanabria, que habría buscado al sicario con promesa de pago para ejecutar el plan criminal, la Fiscalía le imputó cargos por los delitos de homicidio agravado en concurso heterogéneo y sucesivo con fabricación, tráfico y/o porte ilegal de armas, que tampoco aceptó el detenido.

Luego de escuchar los argumentos y pruebas iniciales presentadas por la Fiscalía, el Juzgado ordenó medida de aseguramiento consistente en detención intramuros contra los investigados.

Entre 21 y 41 años de prisión podrían pagar los procesados de ser hallados responsables de los delitos endilgados.