11 capturados por fraude informático en Colpensiones responden por 6 delitos

Los detenidos comparecen en audiencias concentradas de judicialización en el Complejo Judicial de Paloquemao, centro de Bogotá.

Se trata de Johanna Marcela Torres Parada, Deysi Jazmín Salgado Cortes, Leidy Bibiana Ayala Bonilla, Johanna María Tavera Ayala, Humberto Fernando Vallejo Jaramillo, Jenny López Barrios, Diana Marcela Rojas Muñoz, Viviana Paola Trejos Fernández, Alejandra Murillo Torres, David Fernando Quiñonez Norato e Iván Leonardo Lyons Molano, capturados el miércoles pasado.

A todos ellos la Fiscalía los acusa de conformar presuntamente una estructura delincuencial dedicada a la modificación y asignación de manera ilícita de reconocimiento de pensión por vejez, informa el ente acusador en un comunicado.

La investigación estableció que en el grupo se evidencia la asignación de roles y funciones para la modificación ilícita de los sistemas de información de la entidad, a través de los cuales —en los últimos tres años— lograron reconocer 174 pensiones con sus respectivos retroactivos, llegando a una suma cercana a los 5.111’000.000 millones de pesos.

Si bien se estableció que ese era el monto delo detrimento causado, las autoridades destacaron que se evitó la pérdida de 33 mil millones de pesos, que serían pagados con esta misma modalidad. “Igualmente, se evidenció que los investigados aparentemente cobraban entre 10 y 100 millones de pesos por realizar los trámites ilegales, dependiendo del monto que se iba a reconocer por concepto de la pensión”, agrega la Fiscalía.

El Juez 37 Penal con función de control de garantías de Bogotá legalizó las capturas y los allanamientos. La Fiscalía les imputa a los detenidos los delitos de estafa agravada, acceso abusivo a un sistema informático, violación de datos personales, fraude procesal, falsedad material en documento público y concierto para delinquir.

La denuncia que dio origen a la investigación y que concluyó con estas capturas la interpuso el representante de Colpensiones en junio de 2014. En ese momento se puso en conocimiento de la Fiscalía las irregularidades detectadas en el reconocimiento de pensiones, al manipular los sistemas de información para crear, modificar y falsificar las historias laborales de personas que, siendo o no afiliados, no cumplían con los requisitos de ley.