Caen las finanzas del terror: capturan a alias ‘Northon’, cerebro criminal detrás de secuestro en Tuluá

El reciente operativo desarrollado por el Gaula de la Policía Nacional y el Ejército en Tuluá, Valle del Cauca, supuso un golpe estratégico contra las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). La captura de alias ‘Northon’, identificado como presunto jefe financiero del Frente 57 y señalado autor intelectual del secuestro de la doctora Daniela Hernández en Sevilla, es una acción relevante en la lucha contra la criminalidad organizada en la región, según datos del artículo original. Esta acción policial, efectuada el 6 de octubre de 2025, desarticula parcialmente la red criminal encargada de extorsiones, homicidios y secuestros que afectan a poblaciones rurales y urbanas del departamento.

Alias ‘Northon’ operaba bajo el mando de alias ‘Mira’ o ‘Gesain’, segundo cabecilla del grupo, y coordinaba el componente armado en zonas como Bugalagrande y Tuluá. Al momento de su captura, las autoridades lograron decomisar armas, munición y materiales logísticos destinados para actividades de extorsión, así como documentos que lo vinculan con múltiples delitos cometidos entre 2024 y 2025, incluyendo ataques con explosivos y asesinatos. Estos hallazgos —expone la investigación policial— refuerzan la hipótesis de su papel central en la estructura criminal, principalmente en la dirección financiera y logística.

En cuanto al trasfondo de estos hechos, las disidencias de las Farc experimentaron una fragmentación luego de la firma del acuerdo de paz en 2016. Este proceso facilitó el surgimiento de grupos como el Frente 57, que han mantenido y aumentado su control territorial mediante actividades ilícitas. Datos de organizaciones como el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ) señalan que la violencia se mantiene persistente en regiones como el Valle del Cauca, alimentada por la participación de estos grupos en narcotráfico, extorsión y secuestros. La consecuencia social es la agravación de la inseguridad y desplazamiento forzoso de comunidades afectadas.

El papel de los jefes financieros, como el ejercido por ‘Northon’, resulta fundamental para sostener la operación criminal. Estudios de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) identifican la extorsión y el secuestro como prácticas clave para la obtención de recursos y expansión territorial de estos grupos. Así, la detención de estos actores constituye un paso sustancial hacia el debilitamiento de las estructuras ilegales.

Respecto al caso de la doctora Hernández y sus hijos, la situación ilustra una problemática aún latente: el secuestro en zonas rurales para presionar económica y políticamente a la población, afectando principalmente a profesionales y civiles, como ha reportado Human Rights Watch en informes recientes. El rescate efectivo y la detención de su presunto captor no solo representan justicia para las víctimas, sino que posibilitan avances significativos en la protección de grupos vulnerables.

Este avance responde a la coordinación interinstitucional entre la Policía Nacional y el Ejército, reforzada mediante el uso de recompensas e inteligencia tecnológica, estrategia que, según los informes de la Policía Nacional de 2025, ha mostrado resultados exitosos para desmantelar redes criminales complejas. Finalmente, la captura de ‘Northon’ aporta al esclarecimiento de delitos violentos y fortalece la recuperación de la seguridad en una región marcada por el conflicto y la persistencia de estructuras ilegales, tal como reseña Crónica del Quindío (2025).

¿Qué son las disidencias de las Farc y por qué siguen actuando en Colombia? Tras el acuerdo de paz firmado con el Estado colombiano en 2016, diversos frentes y estructuras armadas de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) decidieron no acogerse a la desmovilización, manteniendo su accionar ilegal en varias regiones del país. Estos grupos, conocidos como disidencias de las Farc, han reforzado su control territorial a través de actividades ilícitas como el narcotráfico, la extorsión y el secuestro. La pregunta es clave porque explica cómo, pese a la firma de acuerdos, persisten amenazas a la estabilidad y seguridad de comunidades vulnerables.

La actividad creciente de las disidencias, particularmente en el Valle del Cauca y áreas limítrofes, mantiene en riesgo a la población civil y dificulta la consolidación de la paz en zonas históricamente conflictivas. Conocer su origen y motivaciones permite comprender las dificultades que enfrenta el Estado colombiano para contener estos fenómenos y la importancia de estrategias efectivas para garantizar la seguridad.

¿Cómo afectan las extorsiones y secuestros al desarrollo de las comunidades rurales? El impacto de estas prácticas delictivas en el tejido social y económico de las comunidades rurales es profundo. Las extorsiones y secuestros, según el análisis citado de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), no solo generan temor y desplazamiento, sino que también frenan la inversión, paralizan actividades productivas y destruyen la confianza social y estatal. Esta preocupación es fundamental para lectores interesados en los retos que enfrenta el desarrollo rural en zonas con presencia de grupos armados ilegales.

Comprender esta problemática permite dimensionar la importancia de operativos como la captura de cabecillas financieros y la colaboración entre instituciones de seguridad. Asimismo, abre la discusión sobre la necesidad de políticas públicas integrales que aborden tanto las raíces económicas del crimen como la protección efectiva de las poblaciones afectadas.