Cae alias “Motor” en Nariño: golpe clave contra la expansión de disidencias armadas y sus alianzas criminales

En el departamento de Nariño, la captura de alias “Motor” marcó un momento crucial en los esfuerzos del Estado colombiano por contener la violencia y el surgimiento de nuevos grupos armados ilegales en la región. De acuerdo con información confirmada por las autoridades y difundida por El Espectador, las tropas de la Vigésima Tercera Brigada del Ejército, en coordinación con la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, lograron la detención de este individuo en una zona rural de Buesaco. La aprehensión ocurrió tras una orden judicial de allanamiento y una serie de labores de inteligencia, en una estrategia que permitió frustrar la conformación de una estructura criminal con planes de extenderse a trece municipios del norte de Nariño.

Lo que torna particularmente relevante este operativo es el papel de alias “Motor” como presunto articulador de la unión entre las estructuras Urías Rondón y Franco Benavides, ambas disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). Según las autoridades, esta comisión mixta pretendía instaurar una expansión territorial y un dominio sobre nodos estratégicos, desarrollando actividades ilícitas como cobros extorsivos, el reclutamiento forzado de menores, la instalación de retenes ilegales y ataques terroristas. La medida de aseguramiento carcelaria emitida tras su captura evidencia la gravedad de los delitos que se le atribuyen.

La influencia de este grupo buscaba impactar en las comunidades de Buesaco, Arboleda, Berruecos, San Pedro de Cartago, San Lorenzo, La Unión, Tablón de Gómez, Albán, Belén, San Bernardo, Colón Génova, San Pablo y La Cruz. El espectro de actividades ilegales también abarcaba enfrentamientos armados con otras estructuras, como las denominadas Autodefensas Unidas de Nariño, donde las autoridades denunciaron el uso de una escuela como trinchera, constituyendo una violación al Derecho Internacional Humanitario.

En el operativo de detención, las fuerzas del orden incautaron un importante arsenal: cuatro armas largas, un arma corta, 34 granadas —algunas pensadas para ser utilizadas con drones—, alrededor de 1.423 municiones y 22 proveedores, además de material de propaganda de la organización armada residual. Las autoridades también vinculan a alias “Motor” con un combate ocurrido en el corregimiento El Damasco en mayo de 2025, que dejó un soldado muerto y seis heridos.

La operación refuerza la dinámica de confrontación entre grupos armados y las fuerzas de seguridad del Estado en Nariño, una región que continúa siendo escenario de violaciones a los derechos humanos y la persistencia de economías ilegales. Las estrategias empleadas por estas estructuras disidentes y sus alianzas para extender su control territorial plantean un desafío continuo a las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia en Colombia. Según información oficial, los esfuerzos coordinados se enfocan en prevenir el impacto de estos grupos sobre población civil y en mantener la vigencia del Estado de derecho.

¿Qué consecuencias puede tener la expansión de grupos armados ilegales para la seguridad de las comunidades?

La expansión de organizaciones armadas ilegales en un territorio suele traducirse en mayores riesgos para la población civil, incluyendo desplazamientos forzados, reclutamiento de menores y aumento de hechos violentos, como extorsiones y enfrentamientos. En departamentos como Nariño, la presencia de estas estructuras afecta la vida cotidiana de varias comunidades, quienes ven vulnerados sus derechos y su seguridad debido a la disputa por territorios entre diferentes actores armados.

Según las autoridades citadas por El Espectador, frenar esta expansión es fundamental para garantizar la protección de la población. La labor conjunta de Ejército, Policía y Fiscalía busca no solo enfrentar a los responsables de las acciones delictivas, sino también limitar el crecimiento y la reorganización de estos grupos, lo cual representa un paso clave para mejorar las condiciones de seguridad en la región.