Capturados gobernador y exgobernadora de San Andrés por corrupción en contratos

Así lo dio a conocer este lunes la Fiscalía General, que acusa a los dos políticos de haber “desangrado las finanzas” de la Isla en los últimos 7 años.

Para la Fiscalía, el suspendido gobernador de San Andrés, Ronald Housny Jaller, y la exgobernadora Aury Guerrero Bowie harían parte de “un esquema de corrupción” que desvió millonarios recursos públicos, y que operaba de manera similar al sistema criminal que se usó para “desviar recursos de valorización en Armenia (Quindío)”.

Según detalló el organismo acusador, a través de un comunicado, los investigadores encontraron aparentes irregularidades en la adjudicación de varios contratos por cerca de 120.000 millones de pesos, que estaban destinados para obras de infraestructura y servicios prioritarios para los habitantes.

Estos contratos, explica la Fiscalía, “habrían sido entregados a los mismos constructores que, a cambio de coimas, se quedaron con las obras de valorización en Armenia”. Además, que “las coimas en el archipiélago superarían los 11.000 millones de pesos”.

Con este antecedente, la Fiscalía dice que la investigación se orientó hacia los “contratistas Hernán Moreno Pérez, Fernando León Diez Cardona y algunos de sus presuntos socios”, y que así se logró establecer que “para quedarse con la construcción de colegios y parques en el departamento, supuestamente pagaron el 10% del valor de los contratos con el probable auspicio de altos dignatarios del gobierno departamental”.

La Fiscalía dice que los sobornos se pagaron “en las casas de los involucrados, oficinas y en vehículos oficiales”, y que los contratistas entregaban el dinero a intermediarios que al parecer lo repartían entre “los mandatarios y algunos funcionarios, que presuntamente manipularon las licitaciones públicas y descartaron a otros oferentes con el pretexto de que no cumplían los requisitos de ley”.

El contrato de mayor valor fue el de la construcción del ‘Centro de Educación Media Diversificada (Cemed) Antonia Santos’, por un valor de 50.000 millones de pesos, que aunque debió entregarse en diciembre de 2015 hasta la fecha la obra no alcanza ni el 50% de su construcción.

De acuerdo con hallazgos y testimonios, la Fiscalía dice que “para este proyecto de ‘megacolegio’ el constructor, diseñador e interventor pertenecían a una misma firma, que era liderada por los señores Moreno Pérez y León Diez Cardona”, los mismos que están enredados con el desfalco a los recursos de valorización en Armenia.

Por eso, además de los dos gobernadores, la Fiscalía capturó a nueve personas más: Alejandro Lozano Bowie (secretario de Infraestructura de San Andrés), Edelmira Archibold Hawkins (exsecretaria de educación), Ain Zulema Conolly (jefe Oficina Jurídica), Tatiana Pérez García (secretaria de Planeación), Elizabeth O´Neill (supervisora de los contratos adjudicados irregularmente), Mauricio José Rodríguez Cotúa (contratista), Sergio Fabián Lever Whittaker (contratista), Luis Albeiro Urrego (supervisor de contrato) y Juan Diego Alvis Cotes (ingeniero civil).

Estas personas serán imputadas por delitos de peculado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y concierto para delinquir, entre otros.

La Fiscalía citará a imputación a los contratistas Moreno Pérez y León Diez Cardona para que respondan por los nuevos delitos, ya que actualmente se encuentran en detención domiciliaria por el desfalco en Armenia.

También, el organismo le pedirá a la Corte Suprema de Justicia que indague el accionar del exrepresentante a la cámara por San Andrés Jack Housny Jaller, hermano del gobernador Housny.