Leopoldo Durán y la cuerda floja del proceso de paz: ¿hasta dónde puede tensarse el diálogo en Colombia?

La reciente captura y posterior liberación de Óscar Ojeda, conocido como Leopoldo Durán en los escenarios de confrontación armada, ejemplifica la complejidad que enfrenta actualmente el proceso de paz impulsado por el Gobierno de Gustavo Petro en Colombia. Durán, quien forma parte del Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), una facción disidente de las FARC-EP liderada por Calarcá Córdoba, fue detenido en un retén policial en San José del Guaviare, a pesar de que una resolución del Gobierno Nacional le otorgaba libertad de movimiento y suspendía sus órdenes de captura, condición fundamental para su rol como jefe negociador en la mesa de diálogos de paz.

Tras el episodio, mientras el Ejecutivo ha optado por no emitir declaraciones, la disidencia confirmó públicamente su intención de permanecer en las negociaciones. Señaló de manera enfática que continuará participando en la mesa de paz, resaltando la importancia de proteger y fortalecer el proceso con la inclusión de comunidades y organizaciones sociales. Esta posición pública denota el esfuerzo del grupo armado por mostrar coherencia con sus compromisos y reconfirmar ante Colombia y la comunidad internacional su decisión de avanzar en la solución negociada al conflicto.

La captura de Durán no representa un hecho aislado. En julio de 2024, siete miembros del EMBF —incluyendo parte de la delegación con órdenes de captura suspendidas— fueron detenidos en Anorí (Antioquia) mientras se desplazaban en vehículos oficiales de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Esta situación desató una profunda crisis en el proceso de paz, ya que en los mismos vehículos se encontraban disidentes que no contaban con amparo legal para movilizarse, evidenciando la delicada línea entre los beneficios otorgados a los negociadores y el riesgo de transgredir los acuerdos legales.

Como respuesta, el Gobierno designó, por seis meses, a cuatro de los capturados como gestores de paz, permitiendo su liberación y continuando luego, en diciembre, con la renovación de esa figura. Estas acciones buscan mantener abiertas las puertas del diálogo, pero también exponen las tensiones internas y la dificultad de establecer controles claros sobre quienes participan activamente en el proceso de paz.

Respecto a su trayectoria, Leopoldo Durán se vinculó a las antiguas FARC a los 25 años y desarrolló operaciones principalmente en el Meta, dentro del bloque Jorge Briceño. Luego de firmar el Acuerdo de Paz en 2016 con el gobierno de Juan Manuel Santos, Durán retornó a las armas al año siguiente, incorporándose a la disidencia del Estado Mayor Central (EMC). En diciembre de 2023, fue designado como jefe negociador del EMBF, sustituyendo a Andrey Avendaño, asignado al Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación nacional (MVMV). Tras la división interna entre los líderes Mordisco y Calarcá, Durán mantuvo su presencia como representante negociador.

El ejemplo de Durán refleja la volatilidad y los retos legales del proceso de paz, donde la confianza mutua, el cumplimiento de resoluciones y la definición de los roles de los participantes resultan esenciales para mantener la legitimidad y continuidad de los diálogos. ¿Será posible que estos eventos reiterados pongan en riesgo la estabilidad y el futuro del proceso?

¿Qué implica la figura de "gestor de paz" en el contexto de los diálogos con grupos armados?

En medio de las negociaciones, el Gobierno colombiano ha recurrido a la designación de determinados miembros de grupos armados como "gestores de paz", figura que les otorga ciertos beneficios legales, como la suspensión de órdenes de captura y la posibilidad de movilizarse en el territorio nacional. Esta designación facilita su participación activa en la mesa de diálogos y permite el desarrollo de reuniones y gestiones ligadas al avance del proceso.

Sin embargo, su aplicación no está exenta de controversias, ya que plantea interrogantes sobre los límites legales, el control sobre el uso de los beneficios y la verificación de que los gestores realmente cumplen un papel constructivo hacia la paz. Casos recientes demuestran que la figura puede provocar crisis institucionales si no se establecen criterios claros de supervisión y transparencia, siendo un aspecto crucial en la sostenibilidad del actual proceso de paz.