Candidatos bajo la lupa: más de 190 aspirantes al Congreso de Colombia tienen procesos judiciales abiertos

La cercanía de las elecciones legislativas ha puesto en el centro del debate la transparencia y la integridad de quienes aspiran a ocupar escaños en el Congreso de Colombia. Según publicó El Espectador, al menos 21 candidatos que buscan un puesto en el Senado o la Cámara de Representantes tienen procesos judiciales abiertos por delitos que van desde la corrupción y la compra de votos hasta la desaparición forzada, lo cual pone en evidencia una crisis de confianza ciudadana en el sistema electoral.

El informe más amplio de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) amplificó la preocupación al documentar 195 candidaturas cuestionadas en todo el país, incluyendo a 78 postulados al Senado, 111 a la Cámara y 6 a curules especiales de paz, afrodescendientes e indígenas. El análisis de Pares detalló que, de este grupo, el 25,12 % corresponde a mujeres y el 74,87 % a hombres. Las campañas de los candidatos señalados son de alcance nacional, con aspirantes en 28 departamentos y en Bogotá, subrayando la penetración de estas prácticas en todo el territorio y el reto que representa para la democracia.

La naturaleza de los señalamientos es diversa. Tanto El Espectador como Pares refieren investigaciones formales de órganos judiciales y de control, así como vínculos con clanes políticos y maquinarias asociadas a escándalos emblemáticos de corrupción, como la parapolítica y el caso Odebrecht, que impactaron procesos electorales previos. Además, según Pares, cuatro de cada diez de estos aspirantes mantienen relaciones con estructuras políticas tradicionales, reflejando una concentración de poder y posibles obstáculos a la renovación parlamentaria.

Pese a la presunción de inocencia que protege a todos los implicados, sus trayectorias suscitan dudas sobre su idoneidad y el acceso igualitario a la competencia electoral. Persisten fenómenos como la "puerta giratoria", donde familiares de dirigentes buscan heredar espacios políticos, y una mayor participación de políticos vinculados a grandes escándalos de corrupción. En este contexto, resulta especialmente polémico el caso de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), cuyos procesos por presunto direccionamiento de contratos han salpicado a varios legisladores en ejercicio y a otros que buscan la reelección.

Entre los investigados aparecen figuras como los representantes Karen Manrique, Juan Loreto Gómez y Wadith Manzur, indagados por cohecho impropio, así como las senadoras Martha Peralta (MAIS) y Berenice Bedoya (ASI), señaladas por posibles acuerdos contractuales con el exdirector de la UNGRD. Casos como el del senador Julio Elías Chagüi, acusado de influir en contratos de la Presidencia, y diversos candidatos de partidos como el Liberal, Conservador, de la U y Cambio Radical, ilustran la magnitud de las acusaciones: desde concusión y lavado de activos, hasta peculado y desaparición forzada.

El Partido Liberal lidera en número de candidatos cuestionados con el 16,92 % del total, seguido de cerca por el Partido Conservador, la U y Cambio Radical, que en conjunto reúnen el 60,5 % de todos los casos identificados. La lista de investigaciones abarca delitos graves y complejos, pero los implicados continúan haciendo campaña bajo el argumento de que las acusaciones forman parte del ambiente político previo a los comicios. Mientras tanto, la labor de las autoridades judiciales sigue pendiente de esclarecimiento y sanción definitiva.

¿Qué significa que un candidato tenga "proceso judicial abierto" y cómo afecta su postulación?

La frase "proceso judicial abierto" implica que una autoridad judicial o de control investiga formalmente a un candidato por la supuesta comisión de un delito o falta, sin que exista aún una condena o absolución. En el contexto electoral, esto no inhabilita automáticamente al aspirante para participar en la contienda, pues prevalece la presunción de inocencia, salvo en los casos en que una sentencia judicial así lo dicte. Sin embargo, la divulgación de estos procesos pone en entredicho la confianza pública y suscita el debate sobre la idoneidad ética de quienes buscan acceder a instancias de representación, sobre todo en un ambiente altamente sensibilizado por escándalos previos y la necesidad de fortalecer la institucionalidad democrática en Colombia.