Candidata al Congreso fue retenida: su camioneta la robaron y desarmaron a sus escoltas

El hecho ocurrió cuando la exalcaldesa del municipio de Santander de Quilichao se movilizaba por la zona rural del departamento del Cauca.

Un nuevo hecho de violencia política se registró en el departamento del Cauca. Lucy Amparo Guzmán González, exalcaldesa del municipio de Santander de Quilichao y actualmente candidata a la Cámara de Representantes por el Partido Liberal, fue retenida por hombres armados cuando se desplazaba junto a su esquema de seguridad por la zona rural de su municipio.

Según la información entregada por el equipo de trabajo de la exalcaldesa, los hechos ocurrieron en la tarde del sábado 14 de febrero. La lideresa política fue retenida por hombres armados, despojada de su vehículo y a las personas que integran su esquema de seguridad les quitaron sus armas de dotación. Durante varias horas, la candidata y sus acompañantes estuvieron retenidos.

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“Lucy Amparo y su equipo están a salvo. Pero lo ocurrido es inaceptable y no puede normalizarse: es un ataque directo a la democracia y a la libertad de hacer política sin amenazas”, señalaron desde el equipo de la candidata por medio de un comunicado. Agregaron que el panorama de seguridad en el departamento es crítico y no hay garantías para el ejercicio de la política.

“Este hecho refleja la dura realidad del Cauca: la violencia sigue buscando imponer el miedo y cerrar el camino a la participación. Además, evidencia un riesgo que no puede seguir ignorándose: la violencia política contra las mujeres, usada para intimidar, silenciar y frenar liderazgos”, agregaron por medio de un comunicado. Señalaron también que el hecho ya fue denunciado.

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“Lo decimos con claridad: Seguiremos en el territorio, de la mano de nuestra gente, construyendo el Cauca juntos. (…) Exigimos al Gobierno Nacional, a las autoridades competentes y a los organismos de control medidas inmediatas, efectivas y verificables de protección para todas y todos los candidatos en el Cauca, con especial atención a los riesgos diferenciados que enfrentan las mujeres. La democracia no puede depender de la valentía individual: debe ser garantizada por el Estado”, señalaron desde el equipo de Guzmán González.

La vicepresidenta, Francia Márquez, fue una de las primeras personas en reaccionar al hecho del cual fue víctima la candidata Guzmán González. “Rechazo cualquier acto que atente contra la libertad, la vida y la participación política de quienes ejercen liderazgo en los territorios. La democracia se fortalece con garantías, no con amenazas, y con diálogo, no con violencia”, escribió en X.

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La retención de la candidata a la Cámara de Representantes se da solo un par de días después del intento de secuestro del cual fue víctima la senadora Aida Quilcué, lideresa de las comunidades indígenas del departamento del Cauca, cuando se movilizaba entre el municipio de La Plata (Huila) y Popayán (Cauca), en la tarde del pasado 10 de febrero.

La senadora viajaba junto a su esquema de seguridad cuando fue interceptada por hombres armados que los obligaron a abandonar el vehículo y los trasladaron hacia un lugar desconocido. La presión de la guardia indígena del Cauca y la reacción inmediata de la fuerza pública evitaron que los presuntos captores se llevaran a la senadora y a sus escoltas, dejándolos libres.

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Ese mismo día, también en vías del departamento del Cauca, fue secuestrado durante varias horas el alcalde del municipio de Morales, Óscar Guachetá, cuando regresaba de asistir a reuniones de trabajo en Bogotá. Su rescate, en la madrugada del 11 de febrero, fue posible gracias a una operación adelantada por uniformados de la Tercera División del Ejército.

Una semana antes, el esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos fue víctima de un ataque armado en vías del departamento de Arauca, por parte del Ejército de Liberación Nacional (Eln). Dos de sus escoltas murieron en ese atentado. Estos hechos hacen parte del complejo panorama de seguridad que, según la Misión de Observación Electoral (MOE), tiene bajo amenaza a 339 municipios, de cara a las elecciones de 2026.