Tras varias derrotas de defensa de Gustavo Petro, el CNE decide si investiga su campaña

El pasado 8 de mayo, los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz presentaron una ponencia —que para muchos expertos está muy bien sustentada— pidiendo abrir una investigación formal a la campaña presidencia de Gustavo Petro por presuntamente haber violado los topes de ingresos. La defensa del mandatario intentó de múltiples formas impedirlo, pero casi cuatro meses después fue derrotada.

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Los magistrados investigadores Prada y Ortiz duraron más de un año recopilando las pruebas para su ponencia, en la que se ven seriamente implicados no solo el entonces candidato Petro, sino varios directivos de su campaña por la posible vulneración de los topes permitidos, la financiación irregular, las conductas de omisión de aportes de Fecode, la Colombia Humana, de la USO, el pago de testigos electorales a quienes se les pagó 60.000 pesos el día de las elecciones y el transporte aéreo, entre otras cosas.

En el caso de los testigos electorales, los magistrados Prada y Ortiz acometieron un trabajo juicioso, pues hicieron requerimientos y cruzaron información de entidades de giros como Su Red, Matrix, Efecty y Super Giros, entre otras, con datos de la Registraduría, lo cual dio como resultado que solo el día de las elecciones la campaña de Petro presidente movió más de mil millones de pesos en ese rubro.

Semejante cantidad de dinero no fue reportada a Cuentas Claras, la herramienta electrónica dispuesta por el CNE desde el año 2010 con el propósito de facilitar a las organizaciones políticas y candidatos la elaboración del informe oficial de ingresos y gastos de campañas electorales y su respectiva rendición electrónica ante la máxima autoridad electoral.

La ponencia de los magistrados Prada y Ortiz fue radicada un día después de que oyeran en una audiencia virtual de hora y media a Ómar Hernández —uno de los creadores de la moneda Daily Cop—, que ofreció a la Fiscalía revelar cómo, supuestamente, Daily Cop habría financiado la campaña Petro presidente. Hernández confirmó la reunión entre los directivos de la empresa y el gerente de la campaña, Ricardo Roa, hoy presidente de Ecopetrol, en la que se habló del aporte de 2.000 millones de pesos en especie (el avión) a la campaña.

La defensa del presidente Petro hizo varios intentos para que la ponencia no levantara vuelo, pero apenas consiguió que se suspendiera con diferentes recursos y consultas que interpuso. El foco de esa estrategia fue demostrar que el CNE no es competente para abocar la investigación de la campaña. El primer lance se produjo en la Corte Constitucional, al dirimir un conflicto de competencias en el que los abogados del mandatario intentaron impulsar su tesis, pero ese alto tribunal la descartó.

Después, fue la Sección Quinta del Consejo de Estado, experta en temas electorales, con ponencia del magistrado Ómar Barreto, la que rechazó la tesis de la defensa. Por último, la semana pasada, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado ratificó que el CNE sí es competente para investigar la campaña. Todos los pronunciamientos de las altas cortes fueron por unanimidad.

El CNE, por su parte, también negó varias solicitudes que pedían apartar de su cargo al magistrado Prada. En todo caso, se espera que haya magistrados que dilaten la discusión en la sala plena del CNE de este jueves.

Pero la decisión de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, la que les dio la estocada final a las pretensiones de la defensa de Petro, tiene un agregado que ha pasado de agache, aunque es de mucha trascendencia. Señala que el Congreso de la República es el competente para decidir, en caso de hallar irregularidades en la campaña como el sobrepaso de gastos, sobre otra eventual sanción que podría recibir el presidente Petro.

Se trata de una sanción de pérdida de su investidura o de pérdida del cargo de primer mandatario. Es decir que se puede imponer un juicio por indignidad política y en ese caso, una vez declarado indigno, podría ser removido. Hasta esas instancias llegaría la investigación sobre la que decidirá este jueves la sala plena del CNE.