Cae red que prometía viajes turísticos y abandonaba migrantes en la frontera: 222 víctimas rescatadas

Seis individuos señalados como presuntos miembros de una organización dedicada al transporte ilegal de migrantes fueron recientemente capturados por las autoridades colombianas. Según lo reporta la Fiscalía General de la Nación, estas personas tenían como método principal atraer viajeros, a quienes les ofertaban supuestos paquetes turísticos o propuestas para salir del país de manera regular, aunque finalmente, en el transcurso de la travesía, los abandonaban sin cumplir lo prometido.

De acuerdo con la información revelada por la Fiscalía y la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin) de la Policía Nacional, esta estructura criminal operó durante aproximadamente año y medio. Su actividad se concentraba principalmente en el departamento de Norte de Santander, extendiéndose a la frontera con Ecuador y hacia la región del Urabá, un corredor históricamente utilizado para el tránsito ilegal hacia otros países de Sudamérica.

Las investigaciones detallan que el grupo captaba principalmente extranjeros, en su mayoría de nacionalidad venezolana, en áreas cercanas a la terminal de transportes de Cúcuta, así como en los municipios de Pamplonita y Los Patios, también ubicados en Norte de Santander. Aprovechando la vulnerabilidad de estos migrantes, presuntamente los trasladaban a tres agencias de viajes asociadas con la red, donde les ofrecían paquetes de traslado hacia ciudades como Quito, Lima y diversos destinos en Chile.

Los paquetes vendidos prometían diversos servicios, entre los que se incluían traslados en buses de turismo, hospedaje, alimentación, chips telefónicos, acompañamiento de guías y la entrega de documentos para eludir controles policiales y migratorios. Sin embargo, estos papeles eran extemporáneos o falsificados, careciendo de toda validez y poniendo en riesgo la seguridad de los migrantes.

La Fiscalía estableció, a partir de sus pesquisas, al menos seis eventos concretos donde fueron movilizadas un total de 222 personas, incluyendo 27 menores de edad. Muchos de estos migrantes, según el relato de las autoridades, terminaron siendo abandonados en la zona fronteriza con Ecuador, sin completar siquiera la mitad del recorrido inicial que les fue ofrecido. Estas acciones dejaron desamparados a los viajeros, víctimas de un esquema de promesas incumplidas y documentos ilegales.

Los detenidos, identificados como Leonardo Fabio Gómez Moncada, Álvaro Lagos Camargo, Carmen Liliana Vaca Castañeda, Jessica Alexandra Pérez Moreno, Jenny Fernanda Triana Becerra y Jorge Enrique Becerra Vera, enfrentan procesos judiciales por concierto para delinquir y tráfico agravado de migrantes. Tras las audiencias, cinco de ellos fueron enviados a prisión preventiva, mientras que Jorge Enrique Becerra Vera deberá responder en detención domiciliaria por orden judicial.

El desmantelamiento de esta presunta red representa un paso significativo en la lucha contra el tráfico de migrantes, un delito que vulnera derechos fundamentales y pone en riesgo la vida y la integridad de personas en condición de vulnerabilidad. Para quienes deseen mayor información sobre estos y otros temas vinculados a la seguridad, la justicia y los derechos humanos en Colombia, el diario El Espectador ofrece análisis actualizados en su sección Judicial.

¿Qué implica el delito de tráfico de migrantes agravado en Colombia?

Esta pregunta es relevante ya que el tráfico de migrantes agravado figura como uno de los delitos imputados a los capturados en el caso investigado. El tráfico de migrantes hace referencia al traslado ilegal de personas a través de fronteras internacionales, usualmente a cambio de un beneficio económico. Cuando se agrava, significa que existen circunstancias que intensifican la gravedad del delito, como el involucramiento de menores de edad, la utilización de documentos falsos, o la generación de condiciones de especial vulnerabilidad para las víctimas.

La legislación colombiana especifica sanciones más severas cuando se acredita el agravante, a fin de proteger tanto la vida como los derechos de las personas migrantes. Comprender estos términos resulta fundamental para dimensionar el impacto jurídico y humano de los hechos investigados, así como para el seguimiento de procesos penales originados por actividades similares en el país.