El IDRD abre procedimiento sancionatorio contra Sencia por presunto incumplimiento en el mantenimiento de El Campín en Bogotá
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El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad.
Visitar sitioLa vigilancia pública sobre Sencia y el estadio se intensifica ante nuevos eventos y una investigación fiscal.
Un hecho clave marca la gestión actual de El Campín en Bogotá, pues el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) abrió un procedimiento sancionatorio contra Sencia, empresa concesionaria del estadio. Esta decisión se tomó luego de que la mala condición de la gramilla obligara a cancelar el partido Millonarios-Once Caldas del 13 de octubre, de acuerdo con la información publicada por El Espectador. Según el IDRD, la interventoría del contrato de Asociación Público-Privada (APP) reportó un presunto incumplimiento por parte de Sencia tanto en el mantenimiento como en la operación del escenario, lo que llevó a citar a la concesionaria a una audiencia pública el próximo 29 de octubre, donde podrá presentar sus descargos.
A pesar de la gravedad del caso, hasta el momento no hay sanción económica, descuento por calidad ni se ha determinado responsabilidad contractual. La situación es compleja porque El Campín será nuevamente epicentro de grandes eventos en los próximos días, como el concierto Awooween de Ryan Castro programado para el 31 de octubre, además de otros espectáculos y posibles compromisos deportivos. El Distrito ordenó controles reforzados sobre la grama y la operación general del estadio antes, durante y después de cada actividad para evitar una nueva afectación del campo de juego, una de las principales preocupaciones manifestadas por la interventoría de la APP, que desde el 22 de septiembre solicitaba información detallada sobre el proceso de retiro y recuperación del césped.
El contrato de operación prevé mecanismos como descuentos, multas y cláusula penal, pero la aplicación de esas medidas depende de los resultados del informe técnico, la audiencia pública y las decisiones administrativas que tome el IDRD. Mientras tanto, Fonseca debió trasladar su show previsto al coliseo Vive Claro para facilitar la recuperación de la grama, lo que demuestra el impacto de la polémica. Además, órganos de control como la Contraloría distrital y la Personería abrieron investigaciones sobre el manejo del escenario y de los recursos públicos, así como sobre un giro financiero polémico de $26.101 millones entre Sencia y APP CDEC S.A.S. registrado el 28 de octubre de 2024, aunque, según el informe de seguimiento del IDRD, esto aún no ha sido calificado como irregularidad por ninguna autoridad.
Finalmente, la Personería adelanta una indagación disciplinaria al director del IDRD y varios directivos por presuntas fallas en el seguimiento al mantenimiento de El Campín, sin que se haya determinado aún alguna responsabilidad de fondo. Así, la gestión del emblemático estadio vive hoy un examen riguroso tanto de las autoridades como de la opinión pública, con la expectativa puesta en la audiencia próxima y en la garantía de condiciones aptas para el desarrollo de eventos deportivos y culturales en Bogotá.
¿Cuál es el motivo de la investigación contra Sencia por la gramilla de El Campín?
La investigación contra Sencia, concesionaria de El Campín, se centra en un posible incumplimiento de sus obligaciones de operación y mantenimiento de la cancha, lo que llevó a la cancelación de un partido de fútbol por el mal estado del césped. El IDRD abrió un procedimiento administrativo sancionatorio tras recibir reportes de la interventoría de la Asociación Público-Privada sobre deficiencias en el retiro y reinstalación del campo, lo que ha obligado a la empresa a responder oficialmente en una audiencia pública.
¿Qué consecuencias puede tener la audiencia pública del 29 de octubre para Sencia?
En la audiencia pública convocada por el IDRD, Sencia podrá presentar sus argumentos frente a los hallazgos de la interventoría. Tras ese paso, el Instituto deberá decidir si archiva el caso o si aplica alguna sanción prevista en el contrato, como descuentos en pagos, multas o incluso una cláusula penal, dependiendo de la gravedad de la situación técnica y contractual comprobada durante el proceso.
Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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