¿Se atrasan los sueldos de los docentes en Bogotá? Nueva disputa entre Galán y el Gobierno Nacional

La tensión institucional entre el Gobierno Nacional y la Alcaldía de Bogotá, recientemente pausada tras diferencias por el hospital San Juan de Dios, ha resurgido con una nueva controversia: el pago de salarios a los docentes de los colegios públicos de la ciudad. El conflicto partió de la advertencia lanzada por Isabel Segovia, secretaria de Educación de Bogotá, quien alertó sobre posibles retrasos en la nómina de cerca de 30 mil docentes, todos ellos dependientes presupuestalmente de transferencias del nivel nacional. La secretaría argumentó que esta incertidumbre ha encendido las alarmas entre los maestros afectados y sus familias, mientras el Ministerio de Educación respondió asegurando que el proceso de transferencias sigue su curso regular.

Frente a este cruce de comunicaciones, el alcalde Carlos Fernando Galán decidió pronunciarse por medio de un comunicado oficial, detallando que el origen del problema no es reciente. Según palabras de Galán, citadas en El Espectador, la administración distrital advirtió desde septiembre del año pasado sobre la existencia de riesgos administrativos, atribuibles al Ministerio de Educación, que podrían afectar la consignación oportuna de los sueldos del personal docente. De acuerdo con el mandatario, la práctica histórica durante dos décadas ha sido que el Gobierno Nacional realice las transferencias entre los días 20 y 21 de cada mes, permitiendo cumplir con los pagos unos días antes de finalizar el periodo mensual. Sin embargo, en esta ocasión, Bogotá no había recibido los recursos a la fecha habitual de corte, dejando en vilo a decenas de miles de trabajadores y sus familias, quienes dependen directa y recurrentemente de este ingreso mensual.

Galán dejó claro que la situación le fue señalada al ministro Daniel Rojas y enfatizó que esperan una solución expedita. El alcalde abogó por la colaboración articulada entre las autoridades nacionales y el Distrito Capital para evitar que este tipo de situaciones administrativas se traduzcan en afectaciones concretas para la ciudadanía, especialmente para quienes prestan el servicio educativo y dependen de la estabilidad de su remuneración.

Por su parte, el Ministerio de Educación afirmó que sí cumplió con los plazos establecidos para el giro de los recursos destinados al pago del magisterio. La cartera educativa especificó que este proceso se desarrolla a través del Sistema General de Participaciones (SGP), fondo público que concentra recursos transferidos a los territorios para áreas como la educación. Según la información oficial, ya existe una disponibilidad inicial de más de 2,5 billones de pesos colombianos para ese fin en 2026, junto con asignaciones concretas adicionales para el pago de pensiones a los maestros.

Pese a estas declaraciones, persiste la tensión entre los entes administrativos de Bogotá y la Nación. La Secretaría de Educación distrital precisó que la orden de transferencia solo fue registrada el 27 de enero, varios días tarde respecto al ciclo ordinario, lo que supone que el abono a las cuentas de la Alcaldía podría concretarse apenas el 29 de enero. Este retraso administrativo pone en riesgo el pago puntual de los docentes en enero, ya que si el dinero no ingresa antes de las 3:00 p. m., el desembolso efectivo a los profesores se vería aplazado al día siguiente o más allá.

La situación deja en evidencia la fragilidad que aún persiste en la coordinación financiera entre los niveles territorial y nacional, especialmente en temas tan sensibles como la remuneración de los funcionarios públicos encargados de la educación en la capital.

¿Qué es el Sistema General de Participaciones (SGP)?

El Sistema General de Participaciones (SGP) es el mecanismo a través del cual el Gobierno Nacional transfiere recursos a los entes territoriales —como Bogotá— para financiar sectores clave, entre ellos la educación. La relevancia del SGP radica en que, sin estos giros, las administraciones distritales carecerían de parte del presupuesto necesario para pagar salarios y cumplir compromisos fundamentales. Comprender cómo y cuándo llegan estas transferencias es esencial para entender los desafíos que enfrenta la gestión pública local frente a obligaciones tan críticas como el pago oportuno de la nómina docente, especialmente en contextos donde las demoras administrativas pueden escalar en controversias institucionales y afectar a miles de familias.