Reforma tributaria en Bogotá: controversia en el Concejo por trámite de proyecto que busca nuevos tributos y alivios

El ambicioso proyecto de la Alcaldía de Bogotá, liderada por Carlos Fernando Galán, para recaudar anualmente cerca de $1,26 billones y financiar el alumbrado inteligente, alivios a deudores y ajustes en el impuesto de Industria y Comercio (ICA), enfrenta una fuerte disputa en el Concejo. Durante el primer debate, celebrado el 7 de septiembre en la Comisión Tercera de Hacienda y Crédito Público, el concejal Jairo Avellaneda solicitó el archivo de la iniciativa por supuestas irregularidades procesales. Avellaneda puso en tela de juicio la acumulación de los proyectos de Acuerdo 724 y 709 de 2026, aludiendo a que no se respetaron los procedimientos internos establecidos por el reglamento del Concejo, especialmente en relación con el sorteo y asignación de ponentes para cada propuesta.

Según destacó Avellaneda, el proyecto 709, presentado por el concejal Emel Rojas y enfocado en alivios tributarios temporales, debía pasar por un trámite claro antes de ser acumulado con el 724, que fue radicado posteriormente por la administración distrital y tiene un amplio alcance en materia fiscal, tecnológica y laboral. Además, citó tanto el reglamento interno del Concejo como el Estatuto Orgánico de Bogotá para resaltar la obligación de que este tipo de reformas sean iniciativa del alcalde. Avellaneda advirtió que persistir con el trámite en esas condiciones podría derivar en un riesgo jurídico para el Concejo, pues una eventual aprobación podría ser objeto de demanda ante la jurisdicción administrativa.

Mientras la Comisión no toma una decisión definitiva, el proyecto requiere aprobación por mayoría simple en su primer debate para pasar a la plenaria, donde 45 concejales decidirán su futuro tras una segunda votación. Entre los puntos controversiales resaltan la creación de una sobretasa al predial para financiar la modernización del alumbrado público, que contempla iluminación LED y control remoto, con tarifas diferenciadas según estrato y tipo de predio. Hacienda calcula que el cobro podría impactar a cerca de 870.000 predios, con costos mensuales promedio de entre $11.000 y $67.000 según el tipo y avalúo del inmueble.

En cuanto a los alivios, más de dos millones de contribuyentes podrían beneficiarse de descuentos en intereses y sanciones de deudas tributarias y no tributarias, e incluso multas de tránsito en mora hasta el 30 de junio de 2024. Para el ICA, la ponencia ajustada sugiere una reducción para la mayoría de empresas industriales y comerciales, y exenciones progresivas para atraer inversiones, especialmente en el Distrito Aeroportuario. También están contempladas tarifas preferenciales en el predial rural y la posibilidad de destinar un porcentaje del recaudo a fondos para emergencias. Sin embargo, todas estas medidas siguen sujetas a la aprobación de ambas instancias del Concejo y la posterior sanción del alcalde.

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¿Por qué se acusa de irregularidades el trámite de la reforma tributaria en el Concejo de Bogotá?

La acusación, formulada por el concejal Jairo Avellaneda durante el primer debate en la Comisión Tercera de Hacienda, se fundamenta en que la acumulación de los proyectos 709 y 724 de 2026 no respetó el procedimiento requerido, según el reglamento interno del Concejo y el Estatuto Orgánico de Bogotá. Avellaneda argumenta que el proyecto 709 debía sortearse y tener ponentes designados antes de acumularse con el 724, lo que, de no corregirse, podría abrir la puerta a demandas judiciales contra el eventual acuerdo distrital.

¿Cómo funcionarían los alivios tributarios y la sobretasa al predial propuestos en Bogotá?

Los alivios previstos en la reforma incluyen un descuento del 50 % en intereses y sanciones para más de dos millones de contribuyentes en mora, condicionado al pago total del capital adeudado antes de la fecha límite que fije el acuerdo. La sobretasa al predial, por su parte, financiaría la modernización del alumbrado público, con tarifas diferenciadas según el estrato y tipo de predio, e impactaría cerca de 870.000 inmuebles en la ciudad, según cálculos de la Secretaría Distrital de Hacienda presentados durante el debate.