¿Trampolín a la presidencia? Proponen freno para que la Alcaldía de Bogotá deje de ser vitrina política

Durante las últimas tres décadas, Bogotá ha transitado de ser una prioridad en la gestión pública a transformarse en un valioso “activo publicitario” para candidatos que ambicionan la presidencia de Colombia. Esta tendencia fue denunciada por David Cote, abogado y litigante, quien el pasado 30 de enero presentó sólidos argumentos históricos con el fin de reformar el Artículo 197 de la Constitución política nacional. Según se informó mediante un comunicado oficial, la propuesta de Cote aspira a romper el patrón que convierte la Alcaldía Mayor de Bogotá en una simple plataforma de visibilidad de aspirantes, a costa del bienestar de la ciudad.

La preocupación central del jurista radica en el hecho de que la capital, con una población de 8,4 millones de habitantes según la Cámara de Comercio de Bogotá, ha sido sistemáticamente relegada en sus necesidades fundamentales. El liderazgo municipal se ha visto supeditado por el interés mediático y las proyecciones personales de quienes han ocupado el cargo, configurando una suerte de “vanidades personales” ante la opinión pública.

Un recuento de las últimas administraciones ilustra cómo, sin distinción de orientación política, Bogotá ha sido vista como un escalón hacia la Casa de Nariño. En 1997, Antanas Mockus dejó la alcaldía inconclusa para participar en la contienda presidencial del año siguiente, hecho que suscitó críticas de diversos sectores. Posteriormente, Lucho Garzón y Clara López aprovecharon la vitrina del Palacio Liévano, sede del Gobierno Distrital, para potenciar sus figuras de cara a las campañas presidenciales de 2010 y 2014, respectivamente.

Gustavo Petro utilizó su gestión de 2012 a 2015 como trampolín, polarizando el ambiente político y posicionando su nombre en la izquierda hasta conseguir la presidencia en 2022. Enrique Peñalosa, por su parte, cimentó su discurso de campaña presidencial de 2014 en su gestión bogotana y retoma estos temas en la actual carrera por el máximo cargo para 2026. La tendencia continúa con Claudia López, quien, tras finalizar su mandato en 2023, inscribió su candidatura presidencial para las elecciones de 2026.

David Cote subraya que este fenómeno trasciende ideologías: “De izquierda a derecha, han visto a Bogotá como un escalón, no como una meta... las decisiones técnicas se vuelven decisiones de marketing político”. Las repercusiones—según Cote—incluyen multimillonarias pérdidas en obras inconclusas y promesas postergadas, como ejemplifica el reciente fracaso de la licitación de la Línea 2 del Metro.

El abogado enfatiza que el manejo político de esta licitación, acelerada por Claudia López para dejar una “huella” antes de postularse, refleja la prioridad de la imagen sobre la planeación técnica. En respuesta, la reforma propuesta busca frenar esta dinámica mediante dos nuevas inhabilidades: primero, prohíbe a los alcaldes de Bogotá aspirar a la presidencia en la elección siguiente a su mandato—debiendo esperar cuatro años—y, en segundo lugar, extiende esta restricción a altos funcionarios como el Fiscal General, el Procurador, el Contralor y magistrados, limitando así la politización de los organismos de control.

El propósito, según Cote, es asegurar que quien gobierne Bogotá se concentre exclusivamente en responder a las necesidades reales de la ciudad, alejándose de motivaciones meramente personales o promocionales.

¿Cuáles son las implicaciones del periodo de enfriamiento para otros altos funcionarios?

La inclusión de un periodo de enfriamiento—es decir, la obligatoriedad de esperar cuatro años antes de postularse a la presidencia—también se aplicaría a cargos como el Fiscal General, el Procurador, el Contralor y magistrados. Estos funcionarios, al igual que el alcalde de Bogotá, han tenido históricamente altas cuotas de poder y visibilidad, que pueden influir en procesos electorales nacionales y generar suspicacias sobre la neutralidad e independencia institucional.

Restringir sus posibilidades de aspirar rápidamente a la presidencia busca desincentivar la utilización política de estos cargos y fortalecer la equidad institucional en el Estado. La medida pretende garantizar que las decisiones y acciones emprendidas en estos roles respondan al interés público y no a objetivos personales de proyección electoral, reforzando así la confianza ciudadana en el funcionamiento democrático del país.