Millonario contrato de videovigilancia en Bogotá bajo la lupa: ¿qué salió mal con el sistema LPR?

La Procuraduría General de la Nación ha dado inicio a una investigación disciplinaria orientada a esclarecer posibles irregularidades detectadas en un contrato millonario que tenía como objetivo fortalecer el sistema de videovigilancia en Bogotá. Este proceso, que involucra a funcionarios y exfuncionarios de la Secretaría Distrital de Seguridad, se enfoca específicamente en el contrato SCJ-1904-2023, cuyo valor supera los 14.000 millones de pesos. El proyecto pretendía implementar un moderno sistema de reconocimiento de placas vehiculares, conocido como LPR (por sus siglas en inglés, License Plate Recognition), para recolectar material probatorio útil en investigaciones policiales y judiciales, como informó El Espectador.

El contrato adjudicado al Consorcio LPR SCC 2024 comprendía la adquisición de 200 cámaras destinadas a puntos estratégicos de Bogotá, distribuidas en localidades como Kennedy, Fontibón, Usaquén, Engativá y Suba, entre otras. Aunque la entrega de los equipos ocurrió en julio del año anterior, la instalación completa debía haberse cumplido el 5 de agosto, fecha que finalmente se incumplió, presentando retrasos progresivos en la ejecución del proyecto. Documentos entregados en respuesta a un derecho de petición promovido por la concejal Diana Diago (Centro Democrático) revelan que la administración distrital encontró imprevistos técnicos: las distancias necesarias para las conexiones eléctricas eran mayores de lo anticipado, lo que evidenciaba una deficiente planeación inicial en cuanto a la infraestructura requerida, según el citado diario.

A las dificultades técnicas se sumaron problemas derivados de obras de infraestructura en la ciudad, como la construcción de la troncal de Transmilenio por la Avenida 68 y el avance del viaducto de la Línea 1 del Metro. Estas intervenciones urbanas alteraron significativamente la viabilidad de instalar los equipos conforme a lo programado. “El sistema de videovigilancia es todo un reto. Una ciudad en obra impone desafíos en la reubicación del servicio...”, aseguró el secretario de Seguridad César Restrepo en conversación con El Espectador, señalando que de las 200 cámaras previstas, solo 70 se habían podido enganchar en su momento, principalmente por no haber previsto costos ni obras adicionales para la reubicación y alimentación eléctrica.

El análisis inicial desarrollado por el Ministerio Público resalta deficiencias relevantes en la planeación del contrato: ausencia de claridad sobre la ubicación de las cámaras, falta de conexiones eléctricas en varios puntos, trabas para obtener permisos de intervención en el espacio público y cálculos deficientes sobre los tiempos de ejecución. Tales situaciones ocasionaron retrasos, prórrogas y suspensiones que afectaron los objetivos centrales del contrato, es decir, robustecer eficazmente la seguridad en Bogotá.

La Procuraduría ordenó recolectar pruebas y documentos con la colaboración de un equipo especializado, con el fin de determinar si las fallas identificadas pudieron haberse previsto desde la etapa de planeación. Se investiga la posible responsabilidad disciplinaria de exfuncionarios y actuales funcionarios involucrados en la cadena de toma de decisiones. Entre los implicados figuran Óscar Antonio Gómez Heredia, exsecretario de Seguridad, y varios exdirectivos técnicos, así como los actuales titulares de dependencias responsables de la ejecución del contrato.

El proceso permanece en su fase preliminar, pero la Procuraduría anticipó que enviará copias para que se abra un expediente paralelo sobre eventuales irregularidades en la ejecución contractual. Voceros de la Secretaría Distrital de Seguridad recalcaron que, aunque los principales errores se habrían presentado durante la planeación, la ejecución —recaída en la actual administración— también está bajo examen, dado que las condiciones previas complejizaron el cumplimiento de los plazos y la culminación del objetivo.

Hasta el momento, se han realizado varias prórrogas para intentar solventar los obstáculos encontrados, habiéndose logrado la instalación de 80 cámaras, y se espera completar el proyecto cercano al 27 de abril, fecha tope tras la última ampliación del plazo contractual.

¿Cuáles son los riesgos de una mala planeación en proyectos de tecnología para la seguridad pública?

Esta pregunta resulta central al considerar la investigación de la Procuraduría, pues pone de relieve cómo un proyecto aparentemente robusto puede exponerse a serios desajustes si no anticipa íntegramente los retos técnicos, administrativos y urbanos. La evidencia recogida en el caso documenta que la falta de estudios previos suficientes sobre infraestructura, permisos y conectividad eléctrica llevó a fallos que comprometieron tanto las fechas de entrega como la efectividad buscada para el sistema LPR.

Comprender las implicaciones de una planeación deficiente cobra relevancia, ya que incide no solo en la ejecución de los recursos públicos y la imagen institucional, sino también en la garantía de seguridad para los ciudadanos. La experiencia de Bogotá refleja así la importancia de prever integralmente todos los factores que inciden en los contratos de tecnología aplicada a la gestión pública.