Bogotá al filo del cambio: ¿libre competencia en el aseo o prórroga con protección a los recicladores?

A menos de tres semanas para que Bogotá se enfrente a una nueva etapa en su modelo de aseo, la ciudad contempla dos alternativas: abrir el mercado a la libre competencia o prorrogar el esquema vigente. Sin embargo, cualquier decisión deberá considerar la protección de los recicladores, tal como lo exige la sentencia T-724 de 2003 de la Corte Constitucional, la cual ordenó que esta población debe ser incluida en los procesos contractuales relacionados con la gestión de residuos en la capital, una medida que vela por sus derechos laborales y sociales.

De acuerdo con información publicada por El Espectador, el camino hacia una posible apertura a la libre competencia surgió luego de que la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) no lograra, tras dos intentos, presentar estudios técnicos sólidos para modificar el actual esquema basado en Áreas de Servicio Exclusivo (ASE). Estos estudios fueron revisados y rechazados por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento (CRA), hecho que también derivó en cambios en la gerencia de la UAESP durante la actual administración de Carlos Fernando Galán.

Este panorama llevó a la ciudad a una situación de incertidumbre: el modelo de libre competencia podría comenzar el próximo 12 de febrero, fecha en la que expiran los contratos bajo el esquema ASE. No obstante, una nueva resolución de la CRA abrió la posibilidad de renovar o prorrogar las ASE, garantizando la transición mientras se define un nuevo marco tarifario y regulatorio a nivel nacional. La UAESP confirmó que este contexto es inédito para la capital.

La relevancia de la protección a los recicladores tiene un sustento legal que data de la última década del siglo pasado. En esa época, los recicladores presentaron demandas señalando su exclusión del proceso de licitación pública, al considerar que los requisitos estaban diseñados para favorecer a grandes empresas, dificultando su participación y poniendo en riesgo su forma de sustento. La Corte Constitucional acogió sus argumentos y, a través de la sentencia T-724 de 2003, sentó un precedente para asegurar su inclusión.

En este contexto, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento emitió la Resolución CRA 1027 de 2026, que establece un régimen transitorio exclusivo para Bogotá. Esta resolución responde al Auto 2059 de 2025, expedido por la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional como parte del seguimiento a la protección de los derechos de los recicladores. Así, se permite ampliar la vigencia de las ASE más allá de los ocho años originalmente pactados, con el fin de asegurar tanto la continuidad del servicio público de aseo como la integración efectiva de los recicladores en los procesos de aprovechamiento de residuos.

El alcalde Carlos Fernando Galán, en entrevista para Caracol Radio, explicó que actualmente Bogotá se encuentra en una fase de transición. La administración está evaluando, junto con los actuales operadores de aseo, las condiciones para extender los contratos, en un proceso que debe equilibrar la garantía de los servicios y la protección de los derechos de los recicladores. Según Galán, la Corte Constitucional determinó que el acceso continuo al material aprovechable debe estar asegurado durante este periodo, por lo que el diálogo activo con todos los actores es fundamental.

La transición implica retos adicionales: fortalecer la supervisión de los contratos, optimizar el manejo de residuos especiales y ajustar la interacción entre los ciudadanos y los horarios de recolección. Además, se prevé que Aguas de Bogotá aumente su capacidad operativa para responder a las nuevas demandas del sistema, una vez culmine la vigencia del modelo actual.

En este momento decisivo, Bogotá debe equilibrar la modernización de su sistema de aseo con la protección de las poblaciones más vulnerables involucradas en la gestión de residuos.

¿Por qué requieren protección especial los recicladores en el modelo de aseo de Bogotá?

Durante décadas, los recicladores han ejercido una labor fundamental en la gestión de residuos, pero históricamente han enfrentado exclusión en los procesos de contratación pública. La Corte Constitucional, a través de la sentencia T-724 de 2003, reconoció esta situación y ordenó su inclusión para garantizar el acceso igualitario a las oportunidades de trabajo que ofrece el sistema formal de aseo, así como asegurar su sustento y dignidad laboral.

La Resolución CRA 1027 de 2026 y la vigilancia del cumplimiento de esta normativa reflejan la importancia de que los modelos contractuales protejan los derechos de estas comunidades. Proteger a los recicladores no solo se trata de justicia social, sino de fortalecer el sistema de manejo de residuos desde una perspectiva incluyente y sostenible. ¿Conseguirá Bogotá consolidar un modelo de aseo que involucre activamente a los recicladores y responda a los desafíos operativos de la ciudad?