Cae la investigación contra “Los Bautistas”: fallas en Fiscalía dejan libres a 15 presuntos extorsionistas

Quince personas que habían sido arrestadas en Bogotá en diciembre, vinculadas presuntamente a la banda de extorsionistas “Los Bautistas”, obtuvieron su libertad por orden judicial tras identificarse fallas en la actuación procesal de la Fiscalía General de la Nación. Esta decisión, tomada por una jueza de la ciudad, se basó en que la Fiscalía no individualizó de forma precisa la responsabilidad de cada uno de los implicados, situación que, según la autoridad judicial, no permite probar su participación directa en la organización criminal.

La investigación, adelantada por la Policía y la Fiscalía, involucró la captura de 36 personas y la imputación de otras seis. Las autoridades argumentaron que este grupo, conocido como “Los Bautistas”, habría estructurado un esquema de extorsión operado desde el interior de las cárceles La Picota y Buen Pastor, ubicadas en la capital colombiana. Supuestamente, creaban perfiles falsos en redes sociales, haciéndose pasar por mujeres para contactar a hombres, construyendo relaciones de confianza y luego proponiendo el intercambio de contenido sexual a través de WhatsApp por sumas de dinero.

Posteriormente, según información oficial citada por la Policía, los presuntos delincuentes amenazaban a las víctimas con divulgar las imágenes obtenidas, acusándolos públicamente de delitos como abuso de menores o violación. Para aumentar la intimidación, los extorsionistas se presentaban en ocasiones como menores de edad o funcionarios de justicia y enviaban fotografías de supuestas órdenes de captura, exigiendo pagos que iban desde 100 mil hasta cinco millones de pesos colombianos.

La organización llegó —según cálculos de las autoridades— a recaudar hasta 17 mil millones de pesos colombianos entre enero de 2024 y octubre de 2025, señalando como líder del grupo a un individuo conocido como alias “Pedro”. Además, la Fiscalía vinculó a alias “Omar”, exfuncionario del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), quien supuestamente coordinaba un “call center criminal” en La Picota para agilizar la extorsión.

No obstante, la jueza 17 penal con función de control de garantías dictaminó que, frente a quince de los capturados, no existía suficiente prueba de su responsabilidad individual, ya que la investigación del ente acusador fue generalista y no valoró elemento por elemento. Se explicó, entre los casos expuestos, el de una mujer que recibió un giro de 100 mil pesos proveniente de su hijo recluido, sin saber el origen ilícito de ese dinero y sin participar en las maniobras delictivas, así como el de una mujer de 71 años que, por solicitud de un familiar, gestionó recursos para un mercado sin conocer que estaban relacionados con una actividad ilegal.

La jueza enfatizó en su auto la necesidad de que cada implicado sea tratado como individuo dentro del proceso penal, reconociendo el principio de responsabilidad personal. Por su parte, las 18 personas restantes sobre las que sí recaen pruebas y señalamientos permanecerán en prisión preventiva, mientras que quienes estaban dentro de las cárceles continuarán judicializados en estos mismos recintos. La decisión deja en evidencia la importancia de los procedimientos legales y la obligación de la Justicia de sustentar cada acusación.

¿Cuáles son los riesgos para las víctimas cuando enfrentan amenazas virtuales de extorsión?

Esta pregunta surge ante las modalidades de extorsión descritas, en las que las víctimas sufren chantajes y amenazas con la difusión de información personal sensible bajo la intimidación de acusaciones falsas y presiones económicas. Los riesgos para quienes atraviesan estos escenarios pueden abarcar desde daños reputacionales graves, consecuencias familiares y laborales, hasta efectos psicológicos importantes derivadas del estrés y el miedo constante.

El contexto actual, basado exclusivamente en lo expuesto por las autoridades y lo revelado en los expedientes judiciales, ha puesto en entredicho la adecuada protección y atención a quienes sufren este tipo de delitos. Por ello, resulta imprescindible que las instituciones refuercen los mecanismos de denuncia y apoyo, velando porque la respuesta judicial no solo busque esclarecer la culpabilidad de los presuntos responsables sino también mitigar los impactos negativos en las víctimas de estos esquemas delictivos.