Alcalde de Bogotá rechaza decisión de Fiscalía de tratar como protesta social proceso contra señalados de ataques al transporte público

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, expresó públicamente su inconformidad frente a la decisión que tomó la Fiscalía General de la Nación respecto al proceso legal contra 11 personas investigadas por presuntos actos de terrorismo. De acuerdo con declaraciones del mandatario en la red social X, la Fiscalía determinó trasladar el caso a un grupo especializado en protestas sociales y justicia restaurativa, lo que generó preocupación en el Gobierno Distrital.

Galán argumentó que, según la investigación que han adelantado tanto la Fiscalía como la Policía, estas personas no están vinculadas con ningún tipo de manifestación ciudadana ni han hecho parte de protestas legítimas. Por el contrario, el mandatario reiteró que los capturados pertenecerían a una estructura criminal señalada de atacar de forma sistemática el sistema de transporte público y miembros de la fuerza pública en Bogotá, un actuar que, en sus palabras, puso en riesgo la vida de numerosos habitantes de la ciudad.

El traslado del expediente se formalizó a través de la Resolución 171 del 16 de junio de 2026. La Fiscalía reasignó el caso a dos fiscales adscritos al Grupo de Tareas para Investigar la Protesta Social, que está bajo la Unidad de Justicia Restaurativa. El objetivo es revisar de manera integral el caso y explorar mecanismos restaurativos o formas anticipadas de terminar el proceso, cuando proceda en el marco legal.

Las 11 personas investigadas fueron capturadas en diciembre de 2025 y, de acuerdo con las autoridades, integrarían la Brigada Clandestina por el Pueblo y para el Pueblo (PPP). A este grupo se atribuyen al menos 15 ataques cometidos en Bogotá entre 2024 y 2025, incluyendo atentados con explosivos contra uniformados y la quema de buses del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP).

El alcalde defendió la rigurosidad del proceso judicial. Recordó que este caso ya había superado etapas clave en juzgados, como la legalización de las capturas y la imputación de los cargos, lo que, a su juicio, demuestra la solidez de la investigación. Galán expresó su preocupación por el posible riesgo que implica la reasignación del caso, especialmente en lo que respecta a los beneficios legales a los que podrían acceder los investigados si el proceso avanza bajo el enfoque restaurativo.

Finalmente, Galán reiteró el compromiso del Distrito con asegurar el derecho a la protesta pacífica, al tiempo que rechazó que conductas como las investigadas puedan clasificarse dentro de ese marco. El mandatario manifestó que buscará reunirse con la fiscal general, Luz Adriana Camargo, para aclarar el alcance de la decisión y conocer las estrategias de la Fiscalía.

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¿Por qué el alcalde Carlos Fernando Galán rechaza que los actos investigados se traten como protesta social?

El alcalde sostiene que, de acuerdo con información de la Fiscalía y la Policía, los hechos objeto de investigación no correspondieron a manifestaciones ciudadanas, sino que fueron acciones sistemáticas de un grupo organizado que atacó el transporte público y la fuerza pública. Por esto, Galán considera que sería inapropiado que estos actos reciban el tratamiento y los beneficios jurídicos asociados a la protesta social.

¿Qué es la justicia restaurativa y cómo puede aplicarse en procesos legales en Colombia?

La justicia restaurativa es un enfoque judicial que busca reparar el daño causado por un delito a través de la participación activa de las partes involucradas, incluyendo víctimas, responsables y comunidad. En Colombia, esta figura puede contemplar mecanismos alternativos, como acuerdos o formas anticipadas de terminación del proceso, siempre y cuando las condiciones legales lo permitan y sea viable en el caso específico investigado.