Fiscalía refuerza vigilancia y facilita denuncias para blindar elecciones 2026 en Bogotá: lo que debes saber

La capital colombiana se prepara intensamente para las elecciones legislativas y presidenciales de 2026, y en este contexto, la Fiscalía General de la Nación ha activado una serie de medidas cuyo objetivo es salvaguardar la transparencia y la legalidad del proceso democrático. De acuerdo con lo establecido en la resolución 0047 de febrero de 2026, dicha entidad ha diseñado una estrategia precisa de investigación y judicialización destinada a intervenir en todos los casos de delitos electorales que puedan surgir durante los comicios legislativos del 8 de marzo y en la votación presidencial del 31 de mayo de ese mismo año. Según la información oficial destacada en el portal del Gobierno de Bogotá, la intención es abarcar todas las etapas del proceso: previo, durante y posterior a las votaciones.

La planificación incluye la instalación de puntos de recepción de denuncias en espacios con alta concurrencia de votantes o en lugares donde la Fiscalía carece de presencia física. Esta labor será realizada en alianza con la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral (Uriel), adscrita al Ministerio del Interior, con el fin de fortalecer la articulación interinstitucional y facilitar el acceso expedito a la justicia en temas electorales.

Comprender los delitos electorales resulta esencial para la ciudadanía. Según la Fiscalía General de la Nación, existen conductas que pueden ser cometidas por candidatos, ciudadanos o servidores públicos y que atentan contra el derecho al voto libre y responsable. En el caso de los candidatos, se consideran delitos presionar o engañar a los votantes, manipular a favor de un aspirante, financiar campañas con recursos ilícitos o públicos y exceder los topes de gasto. Por parte de los ciudadanos, incurren en delito quienes intentan impedir o alterar la jornada electoral, manipulan el registro de cédulas, suplantan sufragantes, utilizan documentos falsos para votar o impiden a los jurados cumplir su función, así como quienes amenazan a candidatos.

Para los servidores públicos, las faltas incluyen impedir el registro electoral adecuado de los votantes, presionar a los ciudadanos, ser cómplices en alteración de resultados, destinar bienes y recursos del Estado a campañas políticas o entregar dineros públicos a candidatos. Todos estos comportamientos están bajo la lupa de las autoridades y pueden ser denunciados a través de diferentes canales.

La Fiscalía ha dispuesto un micrositio en su página web, donde la ciudadanía puede consultar información relevante sobre los canales de denuncia, recurrencia de delitos, mapas de riesgo electoral y detalles de los próximos comicios. Adicionalmente, las denuncias se pueden presentar mediante la línea nacional gratuita 01 8000 9197 48 o llamando al 122, también con cobertura nacional. De igual modo, los bogotanos cuentan con la Línea de Emergencias 123 para reportar cualquier hecho que afecte la convivencia o suponga una conducta delictiva. Las autoridades insisten en que la denuncia ciudadana es un elemento determinante para sancionar a los responsables y fortalecer la seguridad democrática de la ciudad.

¿Qué ocurre si una denuncia de delito electoral es falsa?
En el marco de los procesos electorales y la importancia de la transparencia en el ejercicio democrático, la veracidad de las denuncias cobra un papel fundamental. El uso de los canales oficiales para reportar irregularidades tiene como fin salvaguardar la integridad de los comicios. Sin embargo, presentar una denuncia sin fundamento, con información falsa o con la intención de perjudicar a una persona o candidatura, puede constituir en sí mismo una conducta sancionable.

Según la Fiscalía General de la Nación, realizar denuncias infundadas sobre delitos electorales puede llevar a la apertura de investigaciones contra quienes inventan hechos delictivos, pues este acto puede ser considerado falso testimonio o fraude procesal, lo cual está tipificado en la normativa penal. Por esta razón, se recomienda a la ciudadanía acudir a los canales de denuncia sólidamente informados y con pruebas, para así contribuir al proceso de justicia y no entorpecerlo.