Alcalde Galán anuncia nuevas acciones contra la extorsión en Bogotá tras capturas de cabecillas de Los Satanás

Bogotá
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En lo corrido de este año, Bosa y el sur de la ciudad concentran las denuncias más graves de extorsión.

El alcalde Carlos Fernando Galán anunció una serie de acciones que refuerzan la respuesta institucional frente a la extorsión, delito cuya incidencia en Bogotá permanece elevada, con más de 2.000 denuncias anuales. De acuerdo con el mandatario, la clave está en robustecer la labor de la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), al igual que en coordinar de forma más estrecha con el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal Militar (Gaula Militar). Galán también insistió en la importancia de controlar las comunicaciones dentro de las cárceles, para evitar que cabecillas criminales sigan delinquiendo desde estos lugares. Así lo expresó durante el anuncio que coincidió con un operativo en el que cayó alias ‘El Niche’, señalado por las autoridades como sicario de la estructura criminal Los Satanás y responsable de ataques contra transportadores y comercios de Bogotá y Soacha.

Este operativo resaltó la priorización que ha dado la administración distrital a la lucha contra la extorsión. Según Galán, desde el inicio de su mandato se promovió la denuncia de este delito, pues reconoció un alto subregistro en años anteriores; es decir, la cifra real podría ser mayor a la reportada. Por esto, el aumento de denuncias registrado entre 2023 y 2024 no necesariamente revela un incremento proporcional en la actividad criminal. No obstante, estas cifras han alimentado debates en el Concejo de Bogotá. Por ejemplo, la cabildante Diana Diago, del partido Centro Democrático, sostuvo que los datos dan cuenta de un crecimiento sostenido de los casos, acumulando 5.866 denuncias durante los dos años y medio del gobierno actual; añadió que la Secretaría de Seguridad no ha logrado frenar esta modalidad delictiva, lo que afecta a comerciantes y transportadores, víctimas de amenazas y cobros ilegales.

La situación se ha agravado especialmente entre los taxistas del sur de Bogotá, sometidos a intimidaciones por parte de Los Satanás. El concejal Jairo Avellaneda presentó un audio donde alias ‘Pedrito’, supuesto cabecilla, amenaza a los conductores que no se sometan al pago de cuotas extorsivas. Este contexto de miedo provocó parálisis laboral en Bosa tras el asesinato de taxistas en la zona. Las cuotas, de acuerdo con la Fiscalía, pueden llegar hasta COP20 millones mensuales, incluso se judicializó a seis individuos por exigir una cuota colectiva de COP13 millones a conductores informales de Bosa, cifra que entre septiembre de 2023 y junio de 2026 habría superado los $270 millones.

Finalmente, Galán reiteró la necesidad de intervenir en los centros penitenciarios, solicitando al Gobierno nacional que garantice el aislamiento de los cabecillas criminales detenidos. Según el alcalde, operativos recientes en las cárceles La Picota y La Modelo han permitido incautar celulares y armas, pero advierte que es fundamental romper las redes de comunicación que permiten que las estructuras sigan delinquiendo desde el interior de las prisiones. En los próximos días, el Distrito presentará detalles adicionales sobre la estrategia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo afecta la extorsión de Los Satanás a los taxistas en Bogotá?

La extorsión ejercida por Los Satanás ha impactado gravemente al gremio de taxistas, especialmente en el sur de Bogotá, generando miedo, suspensión de actividades y exponiéndolos a amenazas y hasta homicidios. Según datos presentados, los conductores han sido obligados a pagar cuotas mensuales de hasta COP20 millones, bajo amenazas divulgadas incluso mediante mensajes de audio. Este contexto de presión ha llevado a ataques armados y a la muerte de varios conductores, así como al cese de operaciones en zonas como Bosa.

¿Qué medidas propone el alcalde Galán contra la extorsión en Bogotá?

Galán plantea fortalecer la policía, la Fiscalía y la Dijín, mejorar la articulación con el Gaula Militar y solicitar mayores controles contra las comunicaciones criminales desde las cárceles. Además, enfoca la estrategia en incentivar la denuncia y aumentar la capacidad institucional para actuar sobre las estructuras responsables, tanto en la calle como en los centros penitenciarios.


* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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