Decreto 117 en Bogotá: ¿fin de la cocina callejera y servicios informales? Así afectará tu día a día

La Alcaldía de Bogotá ha reafirmado su respaldo al Decreto 117 de 2026, una normativa que ha provocado debate al fijar nuevas restricciones sobre el comercio informal en la capital. El propósito central, según el gobierno distrital, es salvaguardar la salud pública y la seguridad de quienes transitan por el espacio público, además de promover mejores condiciones tanto para vendedores como para la ciudadanía. Esta medida regula especialmente las actividades de vendedores ambulantes, prohibiendo el uso de cilindros de gas y otras sustancias inflamables en la vía pública, a la vez que veta la venta de alimentos fuera de condiciones adecuadas. También restringe servicios como peluquería, tatuajes y actos odontológicos realizados en la calle.

De acuerdo con la directora del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP), Lucía Bastidas, uno de los aspectos más delicados del decreto es la restricción del uso de pipetas de gas, un recurso común entre quienes venden comida en la calle. Bastidas subraya que su manipulación inadecuada puede causar emergencias, por lo que se contempla la habilitación de áreas especiales y modelos organizados como ‘food trucks’, que cumplan con los estándares sanitarios requeridos. Así, se espera ofrecer opciones reguladas para quienes dependen de la venta de alimentos informales.

La administración distrital también ha puesto énfasis en asegurar condiciones de higiene. Según las autoridades, la preparación de alimentos en ambientes no controlados implica riesgos significativos para la salud pública. De esta manera, el decreto establece parámetros mínimos para estas actividades, buscando disminuir la posibilidad de enfermedades e incidentes derivados de la falta de salubridad. Otra meta esencial es la recuperación del espacio público, el cual, indican fuentes del Distrito, ha sido en parte invadido por estructuras ilegales.

La alcaldía distingue entre vendedores informales en situaciones vulnerables y organizaciones estructuradas que ocupan zonas clave de la ciudad, a veces bajo el control de redes informales. Con este enfoque, el gobierno busca trazar rutas autorizadas y espacios regulados para el comercio informal, aprovechando alternativas como zonas bajo puentes o áreas especialmente demarcadas. El objetivo declarado es equilibrar la movilidad de los transeúntes con la dinámica económica local.

En cuanto a los servicios ofrecidos en la calle que pueden representar graves riesgos sanitarios, como actuaciones odontológicas o estéticas, la normativa exige el cumplimiento de condiciones estrictas para su desarrollo. Bastidas resalta que la realización de estos procedimientos en espacios públicos puede conducir a infecciones y otras complicaciones médicas. Por esta razón, el Distrito insiste en que la intención no es privar a los vendedores de su sustento sino reorganizar la actividad, a través de la intervención de entidades como el Instituto para la Economía Social (IPES), que llevará adelante acciones de capacitación, formalización y reubicación.

Sin embargo, la implementación del decreto ha encontrado resistencia entre los vendedores informales, quienes sostienen que sus ingresos están en peligro y han realizado protestas. Pese a ello, la administración asegura que los operativos de control se efectuarán resguardando el debido proceso y promoviendo el diálogo para la búsqueda de soluciones que beneficien a todos los sectores comprometidos, tal y como lo señala la cobertura de El Colombiano.

El concepto de espacio público es fundamental dentro del Decreto 117 de 2026 ya que su protección y organización son ejes centrales de la política implementada por la Alcaldía de Bogotá. El término hace referencia a aquellas áreas de la ciudad destinadas al libre tránsito y disfrute de toda la ciudadanía, como calles, plazas y parques. Preservar la función colectiva de estos lugares y evitar su ocupación irregular es uno de los objetivos claves del decreto, según han argumentado voceros distritales.

En el contexto de la regulación del comercio informal, controlar la ocupación del espacio público busca asegurar tanto la movilidad de los peatones como la limpieza, seguridad y el derecho a disfrutar de un entorno urbano adecuado. Por esta razón, la normativa insiste en la diferenciación entre actividades informales legítimas y aquellas que atentan contra el bienestar general ocupando sin permisos estos espacios.