¿Peligro en El Dorado? Exponen que falta de personal y firma de contratos ponen en riesgo vuelos

Mientras el presidente Petro culpa a las máquinas por los recientes sustos en pista, sindicatos y chats filtrados revelan una crisis de seguridad aérea

El pasado 19 de abril, el pánico se apoderó de las cabinas de un avión de pasajeros de Lufthansa y otro de carga de Qatar Airways en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Estuvieron a menos de 200 metros de una tragedia que habría enlutado al país. Para el presidente Gustavo Petro, la explicación es simple: una falla técnica en los aparatos. Sin embargo, detrás de las luces de la pista y los radares, se está cocinando un escándalo de proporciones mayores que involucra falta de personal idóneo, presiones por millonarios contratos y la sombra del polémico “Clan Torres”, según ha revelado El Tiempo. 

Expertos y voceros sindicales de la Aeronáutica Civil (Aerocivil) han alzado la voz para desmentir la narrativa oficial. Según Daniel Fernando Gallo, presidente de Sintratac, el problema no son los aviones, sino quiénes los vigilan. Colombia tiene un déficit alarmante: faltan al menos 400 controladores aéreos. Mientras el estándar mínimo debería ser de 1.200 profesionales, hoy apenas 800 deben lidiar con la congestión de una de las terminales más movidas de Latinoamérica. “La están politizando”, advierten los trabajadores, quienes señalan que los cargos técnicos están siendo ocupados por fichas políticas sin experiencia aeronáutica, de acuerdo con el periódico.

La explosiva renuncia y los chats de las “presiones” Pero el ruido no solo está en el aire; en las oficinas de la Aerocivil el ambiente está incendiado. Tres días antes del incidente de Lufthansa, renunció Farid Stemberg Parra, jefe de la oficina jurídica. Aunque el Gobierno intentó decir que fue una salida voluntaria, un chat filtrado que circula en la entidad revela una realidad mucho más oscura, según el informe periodístico.

“Nunca cambiaré mis principios ni mi ética profesional por presiones de firmas ante procesos que no guardan la legalidad”, habría escrito Parra a su equipo, sugiriendo que se le exigía torcer procesos de contratación.

El propio presidente Petro salió a defender la situación en consejo de ministros, asegurando que es “mentira” que el Clan Torres —liderado por Euclides Torres, financista de su campaña— esté detrás de esas presiones. No obstante, la evidencia obtenida por El Tiempo apunta a maniobras para la adquisición de millonarias pólizas de seguros que ascienden a los 22.000 millones de pesos, donde miembros del comité de contratación se habrían opuesto a cambios repentinos de corredores de seguros que buscaban beneficiar a terceros.

Una “piñata” de contratos en medio del deterioro La contradicción en las cifras es indignante. Mientras los sindicatos denuncian que no hay presupuesto para el mantenimiento de las pistas en Barranquilla o Palmira, la Aerocivil ha firmado la escandalosa cifra de 1.179 contratos en lo que va del 2026. Se cuestiona que, pese a tener una planta de más de 3.800 personas, se esté contratando a personal con perfiles que nada tienen que ver con la seguridad aérea, aparentemente esperando a que finalice la Ley de Garantías para disparar la contratación directa.

La situación ha llegado a tal punto que la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, tuvo que solicitar una auditoría urgente a la Contraloría para vigilar cada proceso de licitación. La transparencia en los contratos de obras civiles y seguros no es solo un tema de pesos y centavos; es lo que garantiza que las pistas y torres de control funcionen correctamente para evitar que dos aviones terminen colisionando en el aire.

Otro punto de fricción es la presencia de Catam en El Dorado. El incidente del 20 de febrero, donde un helicóptero de la FAC se atravesó en una pista de vuelos comerciales sin orden de la Aerocivil, puso en evidencia que la mezcla de operaciones militares y civiles es una bomba de tiempo. Los controladores denuncian que la prioridad que se les da a las aeronaves militares congestiona el tráfico y aumenta el riesgo de errores humanos por fatiga y estrés.

Con un presupuesto que supera los 3 billones de pesos, la pregunta que queda en el aire es: ¿A dónde se está yendo el dinero si los aeropuertos se deterioran y no hay suficientes ojos en los radares? El próximo 30 de abril, mientras se definen tutelas y auditorías, los viajeros colombianos seguirán despegando con la duda de si su vuelo está en manos de un técnico experto o de un contratista favorecido por la política de turno.