¿Plata para la lavada? Indignación en Bogotá por contrato que paga el aseo de camionetas de concejales
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Se conoció un polémico contrato con recursos públicos destinado a pagar el lavado de las camionetas blindadas de los concejales en Bogotá.
Un nuevo foco de indignación y polémica sacude al cabildo distrital tras revelarse detalles de un contrato financiado con recursos públicos destinado a cubrir el mantenimiento y el lavado de las camionetas blindadas asignadas a los cabildantes en Bogotá. Mientras gran parte de la ciudadanía enfrenta complejas realidades económicas, se conoció que el erario también asume la limpieza de los lujosos vehículos en los que se movilizan los funcionarios, según informó Semana.
De acuerdo con la información revelada, el acuerdo contractual se suscribió entre la Secretaría Distrital de Hacienda y el Fondo Cuenta Concejo de Bogotá. Aunque el objeto principal del contrato abarca el mantenimiento preventivo, correctivo y la revisión técnico-mecánica de los vehículos del parque automotor del Concejo, la letra menuda incluye un rubro específico para el lavado exterior, de hasta dos veces al mes, de las camionetas blindadas tipo camioneta provistas por la Unidad Nacional de Protección (UNP) a los concejales con nivel de riesgo extraordinario o extremo, de acuerdo con el citado medio.
El valor total del contrato asciende a 75.645.000 pesos y su ejecución se extiende por un periodo de nueve meses, culminando el próximo 31 de diciembre de 2026. Si bien para algunos la cifra global no representa el rubro más escandaloso del presupuesto distrital, el trasfondo ético y político ha generado duras críticas. La razón principal radica en la disparidad económica: los concejales de Bogotá devengan una asignación salarial cercana a los 46 millones de pesos brutos, lo que se traduce en un salario neto aproximado de 34 millones de pesos mensuales tras deducciones de ley. Para muchos críticos y ciudadanos, resulta paradójico e inaceptable que los impuestos de los bogotanos deban financiar la limpieza de carros de uso oficial cuando los funcionarios cuentan con sueldos considerablemente elevados, según el informe periodístico.
El debate revive viejos fantasmas sobre los privilegios estatales y la desconexión de algunos servidores públicos frente al manejo de los recursos fiscales. Episodios históricos como el recordado caso del expresidente del Senado Juan Manuel Corzo en 2011 —quien argumentaba en su momento que su sueldo no le alcanzaba para la gasolina de dos camionetas oficiales— vuelven a la memoria colectiva al evidenciar que los beneficios asociados a esquemas de seguridad continúan generando suspicacias. Cabe recordar que, según denuncias previas hechas por el concejal Angelo Schiavenatto, el Distrito destina cerca de 8.000 millones de pesos anuales solo para garantizar las flotas de vehículos blindados de los cabildantes.
Lo curioso del actual contrato es que, tras una consulta realizada a varios concejales, se descubrió que muchos de ellos ni siquiera sabían que tenían asignado este beneficio de lavado con dineros públicos ni que existían directrices específicas para ello. No obstante, filtraciones de chats grupales demostraron que los conductores y encargados de los automotores sí reciben instrucciones precisas sobre los horarios y los establecimientos a los que deben acudir para cumplir con la higienización financiada por el Distrito, dejando al descubierto un beneficio administrativo del que gran parte del cabildo aseguraba no tener conocimiento.
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