¿Pérdida millonaria en colegios y alimentación escolar? Contraloría revela alarmantes fallas en Bogotá

Una reciente auditoría de cumplimiento desarrollada por la Contraloría General de la República ha encendido las alarmas respecto al manejo de los recursos públicos destinados a la educación en Bogotá. Según la entidad, el análisis de obras y programas implementados en el Distrito devela importantes inconsistencias y riesgos fiscales, alcanzando sumas cercanas a los 11.000 millones de pesos colombianos. Las principales preocupaciones identificadas se relacionan con la construcción de infraestructura educativa, particularmente el Colegio Boitá en la localidad de Kennedy, y con la operación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) durante el año 2024.

El caso del Colegio Boitá evidencia la magnitud de los problemas señalados. De acuerdo con el informe de la Contraloría citado por El Espectador, en este proyecto se detectó un posible detrimento patrimonial de 9.032 millones de pesos. Las causas atribuidas incluyen errores y falencias en el contrato de consultoría, además de fallos en la interventoría y supervisión del proyecto. Se efectuaron trabajos no contemplados originalmente y se ejecutaron volúmenes de obra superiores a los previstos, lo que generó sobrecostos por alrededor de 7.806 millones. A esto se añade una lesión patrimonial adicional por 1.226 millones relacionada con incumplimientos contractuales dentro del mismo proceso de consultoría. La Contraloría destaca que estos hechos reflejan deficiencias en la planeación y el control para una obra esencial para atender la alta demanda educativa en Kennedy.

Por otra parte, el Programa de Alimentación Escolar, fundamental para la nutrición diaria de la población estudiantil, también fue objeto de observación. Los hallazgos indican un detrimento patrimonial por 1.863 millones de pesos, principalmente debido a la reducción injustificada del personal operativo frente a lo estipulado en los contratos, especialmente en los convenios manejados por Compensar. Pese a que la Secretaría de Educación ya había efectuado los pagos, la Contraloría considera que no se garantizó que se destinara el talento humano conforme a lo pactado. Esta situación exhibe insuficiencias tanto en la interventoría como en el seguimiento institucional.

Otro espacio analizado por la Contraloría fue el Colegio Procables, en Fontibón. Allí se identificaron pagos por montos superiores a las obras efectivas realizadas, además de señales de deterioro acelerado en distintos elementos de la infraestructura, como los descansos de las escaleras y los accesos a los pisos. Sin embargo, el cierre del proceso contó con el acta final presentada por la Secretaría de Educación, lo que permitió constatar un beneficio de auditoría que supera los 388 millones de pesos.

Finalmente, en su revisión sobre el avance del Centro de Alto Rendimiento contemplado en la Manzana de Cuidado del Porvenir – Gibraltar, ubicado en Kennedy, la Contraloría señaló repetidos incumplimientos con el cronograma inicial, prolongados periodos de inactividad administrativa y retrasos a cargo del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD). La inversión destinada al proyecto supera los 158.000 millones de pesos y las demoras, según el organismo auditor, ponen en serio peligro la culminación y la integridad de los recursos comprometidos.

¿Cuál es la importancia de la supervisión y la interventoría en obras públicas?

El correcto seguimiento, supervisión e interventoría resultan componentes fundamentales en la ejecución de cualquier obra pública, pues permiten garantizar que los recursos invertidos se utilicen precisamente según lo estipulado en los contratos. Su función es detectar a tiempo incumplimientos, sobrecostos y desviaciones técnicas o financieras, previniendo detrimentos patrimoniales que afectan no sólo las finanzas del Estado, sino también la calidad y el acceso a servicios esenciales como la educación. Los llamados de atención de la Contraloría sobre los recientes casos en Bogotá subrayan las consecuencias que puede tener una débil vigilancia, reiterando la necesidad de fortalecer estos controles para asegurar la transparencia y el beneficio a la ciudadanía.

La relevancia de abordar este tema radica en que la ausencia de una supervisión adecuada no sólo prolonga los retrasos y la ineficiencia en la finalización de proyectos estratégicos, sino que puede traducirse en la pérdida de oportunidades para cientos de miles de estudiantes que dependen de una infraestructura digna y de programas sociales efectivos. La prevención de estos problemas constituye uno de los principales retos para las instituciones encargadas de velar por el buen uso de los recursos públicos y el cumplimiento de los objetivos de desarrollo social en la capital.