Contraloría de Bogotá imputa responsabilidad fiscal a funcionarios de la EAAB por sanciones e intereses en descuentos tributarios ambientales

La Contraloría de Bogotá adelantó un proceso de imputación de responsabilidad fiscal en contra de dos funcionarios de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), por presunto detrimento al patrimonio público de $60.178.398.000. De acuerdo con el boletín emitido el 1 de octubre de 2026, el caso está relacionado con descuentos tributarios ambientales incluidos en las declaraciones de renta de 2018 y 2019, sin contar con las certificaciones o documentos que justificaran su procedencia. Según la Contraloría, la imputación fue formulada a título de culpa grave por el manejo inadecuado de estos beneficios tributarios ambientales. Sin embargo, no se revelaron los nombres ni los cargos de los funcionarios implicados.

Este proceso surge de un hallazgo señalado en 2023, durante una auditoría de regularidad en la EAAB. Según precisó la Contraloría, se detectaron irregularidades en las declaraciones de renta de los años mencionados, lo que generó un presunto daño al patrimonio público, equivalente a las sanciones e intereses de mora impuestos por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Es importante precisar que la suma investigada no corresponde al valor de los descuentos ambientales aplicados ni al impuesto que debió corregirse, sino únicamente a las sanciones e intereses de mora cobrados por la DIAN tras determinar la improcedencia de los descuentos reclamados.

De acuerdo con los datos recogidos en el boletín, la mayor parte del monto corresponde a intereses moratorios: para la declaración de renta de 2018, la DIAN estableció sanciones por $2.483.169.000 e intereses por $37.894.518.000, y para 2019, las sanciones fueron de $1.486.535.000 y los intereses llegaron a $18.314.176.000. Así, los intereses representan el 93,4 % del total, mientras que las sanciones suman el 6,6 %, según cálculos realizados a partir de las cifras de la Contraloría.

El origen del beneficio discutido se halla en el artículo 255 del Estatuto Tributario, que permite a las empresas descontar hasta el 25 % de las inversiones en control, conservación y mejoramiento ambiental, siempre y cuando dichas inversiones estén debidamente certificadas por la autoridad ambiental competente, y se cuente con las firmas del representante legal y el revisor fiscal o contador público. La Contraloría sostiene que la EAAB no cumplió con estos requisitos, lo que derivó en la aplicación de sanciones e intereses. Así mismo, una auditoría interna de la EAAB reportó que la empresa reconoció una inexactitud en la declaración de renta de 2019 y, en consecuencia, corrigió voluntariamente su situación fiscal, lo que implicó el pago de la sanción establecida.

Es fundamental aclarar que la imputación fiscal no es una sentencia definitiva. Tras la notificación, los funcionarios tienen la oportunidad de defenderse, presentar pruebas y contradecir los señalamientos. El fallo final de responsabilidad fiscal se emitirá solo si se encuentra plena certeza sobre el daño y la relación entre la actuación y el detrimento, conforme a la Ley 610 de 2000. Por ahora, la Contraloría continúa con el proceso, y los funcionarios mantienen su derecho a la defensa.

¿Qué implica una imputación de responsabilidad fiscal ante la Contraloría?

La imputación de responsabilidad fiscal es una etapa intermedia dentro del proceso de control fiscal que adelanta la Contraloría. No significa una decisión definitiva, sino que formaliza los señalamientos sobre un posible daño patrimonial y da paso a que los involucrados puedan ejercer su derecho de defensa presentando pruebas y argumentos. Solo después de este trámite, la Contraloría puede decidir si existe o no responsabilidad fiscal, según los parámetros de la Ley 610 de 2000.

¿Cuáles son los requisitos para acceder a descuentos tributarios ambientales en Colombia?

De acuerdo con el artículo 255 del Estatuto Tributario, las empresas pueden descontar hasta el 25 % del impuesto de renta por inversiones en control, conservación y mejoramiento ambiental. Sin embargo, para acceder a este beneficio, deben contar con certificaciones de la autoridad ambiental competente y las firmas del representante legal y el revisor fiscal o contador público, además de cumplir con las condiciones de que la inversión no se derive de obligaciones impuestas en licencias ambientales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.