¿Sirve de algo endurecer las penas? Galán pide un debate real sobre seguridad y justicia en Bogotá

La preocupación por la seguridad ciudadana volvió a cobrar protagonismo este viernes 10 de abril, con la participación del alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, en el foro “La Seguridad Ciudadana: Bogotá enfrenta retos en la lucha contra el crimen”. Durante su intervención, Galán puso en tela de juicio la eficacia del populismo punitivo, es decir, la tendencia a endurecer las penas como respuesta inmediata al delito. Según Galán, citado por la Alcaldía de Bogotá, simplemente incrementar los castigos no produce un efecto real si no se acompaña de un fortalecimiento integral del sistema de justicia.

El mandatario enfatizó que la clave reside en garantizar que las sanciones existentes en el Código Penal se apliquen de forma efectiva. Galán argumentó que el sistema judicial colombiano presenta falencias que dificultan la aplicación oportuna de las penas contempladas por ley. Esto significa que muchas veces, aun existiendo leyes estrictas, la probabilidad de sanción es baja, lo que afecta la percepción de seguridad y el mensaje que recibe la ciudadanía.

En su exposición, Galán propuso una revisión sobre el uso de la prisión como castigo. Señaló que, en ocasiones, se imponen penas privativas de libertad a conductas que podrían ser sancionadas mediante otras vías, mientras que delitos graves quedan en la impunidad por deficiencias estructurales del sistema. Ejemplificó este punto con el delito de inasistencia alimentaria, tipificado en el artículo 233 del Código Penal, donde cuestionó la efectividad de encarcelar a padres que no cumplen con esta obligación y reflexionó si existe una verdadera garantía social de cumplimiento enviando a estos infractores a la cárcel.

Asimismo, Galán abogó por abrir un debate profundo sobre cuáles conductas ameritan pena privativa de la libertad y cuáles deberían contar con otros tipos de sanciones. Recalcó que no toda infracción requiere prisión, pero sí es imprescindible que cualquier delito tenga consecuencias reales para quien lo comete.

En cuanto a la política criminal nacional, el alcalde criticó la falta de coherencia y la influencia de los mensajes emitidos desde el Ejecutivo, que pueden impactar negativamente la percepción y operatividad de la justicia. Galán señaló que discursos que relativizan la gravedad de ciertos delitos, incluso desde la Presidencia, dificultan la labor de las autoridades y pueden debilitar la moral institucional al combatir el crimen.

Un tema particular abordado fue el de los gestores de paz, iniciativa del Gobierno Nacional. Galán citó el caso de la banda criminal ‘El Mesa’, cuyos integrantes, de acuerdo con la Alcaldía y la Policía Metropolitana, fueron capturados por delitos graves como homicidio y secuestro. Sin embargo, expresó su preocupación por la suspensión de la orden de captura del cabecilla de esta organización como parte del proceso de la Paz Total, lo que en su opinión genera mensajes contradictorios y desmoraliza a los funcionarios encargados de enfrentar la criminalidad.

Finalmente, Galán concluyó alertando que tales decisiones pueden debilitar la política criminal, haciendo ineficaces los esfuerzos de las entidades encargadas de la seguridad y la justicia, justo cuando la ciudadanía exige mayor acción y respuesta frente al delito.

¿Qué es la Paz Total y cómo influye en las decisiones judiciales?

La pregunta sobre la Paz Total se vuelve relevante en el contexto de la seguridad urbana y la percepción de justicia. Según lo expuesto por el alcalde Galán, la suspensión de órdenes de captura para integrantes de grupos criminales, enmarcada en este proyecto, plantea dudas sobre la aplicación efectiva de la ley y la moral de los agentes de justicia.

Al abordar la iniciativa de Paz Total, se busca facilitar la reincorporación y el sometimiento de organizaciones armadas a la legalidad; sin embargo, el proceso puede generar tensiones entre la necesidad de sanción de delitos graves y los beneficios otorgados a sus responsables. Comprender este concepto es fundamental para analizar los impactos sobre la política criminal y la percepción de justicia en Bogotá y otras ciudades del país.