¿Alcaldía de Bogotá: trampolín presidencial o gestión olvidada? La polémica propuesta de David Cote

En las últimas tres décadas, Bogotá ha dejado de ser el centro de proyectos de ciudad para convertirse en un trampolín político que, según denunció el abogado David Cote este viernes 30 de enero, prioriza intereses personales sobre las necesidades de la capital. Cote presentó públicamente su propuesta de reforma al Artículo 197 de la Constitución Política, con el objetivo de impedir que la Alcaldía Mayor de Bogotá siga utilizándose como plataforma para lanzar carreras presidenciales a costa del abandono de la gestión local. Según la Cámara de Comercio de Bogotá, la ciudad cuenta actualmente con 8.4 millones de habitantes, lo que magnifica el impacto de estos ciclos de gobierno interrumpidos.

El comunicado divulgado por Cote replantea el rol de la alcaldía más importante del país, cuya administración tiende, de acuerdo con sus argumentos, a dejar en segundo plano obras y políticas de largo plazo frente a la ambición política de quienes la ocupan. Un análisis de las principales figuras políticas en Colombia durante los últimos treinta años demuestra un patrón transversal sin distinción de ideologías, en el cual Bogotá no es la meta en sí, sino el primer peldaño hacia la Casa de Nariño (la sede presidencial).

Ejemplos recientes refuerzan este diagnóstico. Antanas Mockus, en 1997, renunció a su puesto para ser candidato presidencial al año siguiente, recibiendo críticas por dejar una gestión inconclusa. Lucho Garzón y Clara López incrementaron su proyección nacional desde el Palacio Liévano para aspirar a la Presidencia en 2010 y 2014, respectivamente. Gustavo Petro utilizó su mandato en Bogotá para posicionar su imagen y logró la presidencia en 2022 tras años de polarización política anclada en su gestión local. Enrique Peñalosa y Claudia López también emplearon sus experiencias como alcaldes en campañas presidenciales, la última inscribiendo su candidatura después de entregar el mando en 2023.

“El patrón es evidente”, afirmó Cote en su exposición, señalando que gobernar pensando más en la proyección nacional que en la gestión urbana ha costado billones en obras inconclusas y promesas incumplidas. La crisis de gobernabilidad, advierte, tiene efectos económicos palpables, como demuestra el reciente caso de la Línea 2 del Metro, una licitación que quedó desierta porque, según Cote, se priorizó acelerar la obra para favorecer la imagen política de la entonces alcaldesa sobre el rigor técnico.

Para romper este ciclo, la reforma constitucional propone dos reglas centrales: en primer lugar, establecer un “periodo de enfriamiento” de cuatro años, durante el cual los alcaldes mayores no podrían aspirar inmediatamente a la presidencia; en segundo lugar, aplicar la misma inhabilidad a figuras clave como Fiscal General, Procurador, Contralor y Magistrados, previniendo la utilización política de los organismos de control. Así, sostiene el comunicado, el propósito es garantizar que quienes asuman cargos en Bogotá lo hagan con un compromiso real hacia la ciudad, priorizando temas urgentes como movilidad, infraestructura y seguridad sobre agendas personales de proyección nacional.

Cote concluyó que la reforma busca alcaldes dedicados exclusivamente a Bogotá y no políticos en campaña permanente, resaltando la importancia de administrar para la ciudadanía y no para intereses electoralistas.

¿Por qué es importante establecer un periodo de “enfriamiento” para los altos funcionarios?

La idea de un periodo de “enfriamiento” responde a la preocupación acerca de cómo el uso de cargos públicos para fines electoreros puede desvirtuar la función original de servicio. Según la propuesta de Cote, esta restricción temporal impediría que los alcaldes y otros altos funcionarios utilicen su posición como una plataforma inmediata hacia la presidencia, desviando su atención de la gestión local e institucional.

En el contexto de Bogotá, la medida adquiere relevancia dada la alta incidencia de figuras que interrumpen o focalizan su gestión en motivos personales. Limitar este comportamiento no sólo sería una forma de recuperar la gobernabilidad y la eficiencia administrativa, sino también una protección al interés ciudadano, obligando a los elegidos a cumplir su mandato antes de emprender nuevos retos políticos.