Surgió problema grande para vendedores en San Victorino, Plaza de Bolívar, Tunal y más

A partir del fin de semana que comienza este sábado 8 de marzo, el Distrito aplicará un nuevo decreto para reglamentar el trabajo de los vendedores informales que deberán pagar por los metros cuadrados que utilicen del espacio público.

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Así se dio a conocer a través del Instituto Para La Economía Social (Ipes), en frente de cuyas instalaciones se citó un grupo considerable de vendedores informales para protestar por la decisión.

Esta situación afectaría a los vendedores en las localidades y lugares de la ciudad donde más se evidencian este tipo de negocios, como es el caso de San Victorino, Usaquén, la Plaza de Bolívar, el Tunal, Quirigua y otros lugares icónicos de las ventas callejeras en la ciudad.

Concretamente, se trata del Decreto 315, de septiembre de 2024, a partir del cual se establecen nuevas determinaciones en vías de organizar el espacio público en la capital del país, especialmente en lugares donde el desorden se ha tornado caótico.

Lo que preocupa a los vendedores es la posibilidad de que otras personas, o, incluso, empresas con mayor poderío económico, entren a competir con ellos y terminen desplazándolos de los lugares que algunos de ellos ocupan desde hace varios años.

¿Qué dice el Distrito sobre el decreto para organizar el espacio público?

El Director del Ipes, Wilfredo Grajales, habló con Noticias Caracol sobre el nuevo decreto y aclaró que no está dirigido puntualmente a los vendedores ambulantes, sino a la organización en general del espacio público. Según el funcionario, la entidad está trabajando en más de 60 protocolos para identificar y catalogar las diferentes situaciones que se presentan en las aceras, andenes y parques de la ciudad.

Grajales explicó que uno de estos protocolos está dirigido, en efecto, a los vendedores ambulantes y desde el Ipes están trabajando para que el cobro, “esté muy acorde a la actividad económica que ellos están haciendo”.

Según el funcionario, el cobro no debe pasar de 60.000 a 80.000 pesos.

“La idea no es desplazar a los vendedores informales, es mirar y acompañar el ejercicio de manera que cada vez se dignifique más. Esto no se trata de enemistades, estamos tratando de hablar con ellos. En el presente estamos dejando estructuras que no apunten a sacarlos. No hay ninguna indicación de sacarlos, sino de organizarlos”, destacó el director del Ipes.