Virginidad de niñas como 'regalo' de cumpleaños a hijos de criminales

Esta hipótesis hace parte del revelador panorama de violencia y explotación sexual infantil que presentó la Fiscalía General de la Nación.

Según dijo el delegado de ese organismo para la Infancia y la Adolescencia, Mario Gómez, la lucha contra las organizaciones criminales será uno de los objetivos primordiales del posconflicto.

“Las estructuras criminales tipos A y B que están trabajando en el uso de niños en la comisión de ilícitos en temas de microtráfico, en compra de virginidades para celebrar las fiestas de cumpleaños de sus propios hijos, como ocurrió hace un par de meses con el ‘Clan del Golfo’, que actúan como depredadores sexuales“, dijo el fiscal Gómez a RCN Radio.

Además, el funcionario explicó en la emisora que lo lamentable de la situación es que para estas bandas “resulta casi como un premio para compensar la tarea familiar, porque son estructuras con otro tipo de valores al premiar a sus hijos con la virginidad de unas niñas”.

Gómez dijo que también preocupa el crecimiento en casos de reclutamiento y esclavitud sexual de jovencitas que llegan de Venezuela, y que en la mayoría de casos quedan atrapadas en zonas fronterizas como Arauca.

“Esas niñas llegan sin papeles y solas, y entran a redes de explotación sexual, muchas veces esos enclaves en corredores turísticos y geográficos son dramáticos, porque aunque la ley diga que hay que proteger a las niños muchas veces las comunidades normalizan la práctica sexual y viven del turismo”, puntualizó Gómez en la cadena radial.

Esta condición de reclutadores era atribuida anteriormente a grupos guerrilleros como las Farc y el Eln, pero según el informe de la Fiscalía este negocio de turismo sexual se extendió a grupos paramilitares y a bandas criminales, agrega Caracol Radio.

A la fecha, dice, en la Fiscalía reposan más de 82.000 procesos por violencia contra niños y adolescentes, y 69.492 casos de violencia sexual certificados por Medicina Legal en apenas dos años.

Lo triste es que en muchas ocasiones las víctimas prefieren guardar silencio por temor a represalias o por amenazas de los mismos reclutadores, situación a la que la Fiscalía dice que dará prioridad.