El conflicto colombiano cambió de rostro: así crecen los nuevos dueños del territorio y el crimen en 2025

Entre 2018 y 2025, Colombia vivió un giro en la dinámica del conflicto armado, caracterizado por la evolución, expansión y capacidad de control de varios grupos armados ilegales, tal como revela el Balance de grupos armados 2025 de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares). El informe destaca la progresiva fortaleza de agrupaciones como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC, que aprovecharon debilidades estructurales del Estado colombiano para crecer y reorganizarse. Según el balance de Pares, este fenómeno trascendió los enfoques y estrategias de seguridad implementados por sucesivos gobiernos, evidenciando así que no se trata simplemente de una continuación del conflicto histórico, sino de un tercer ciclo con nuevas formas y lógicas de control territorial.

La subdirectora de Pares, Laura Bonilla, enfatiza que estos grupos han sufrido transformaciones significativas tras la desmovilización de las FARC, que en su momento cerró la etapa de la guerra insurgente convencional. Ahora, la disputa central ya no gira en torno a un intento de toma del poder central, sino que se enfoca en el dominio efectivo de territorios, corredores estratégicos y economías ilegales. El informe muestra cómo diversas estructuras –incluidas guerrillas, disidencias y herederos del paramilitarismo– actúan hoy bajo patrones similares de expansión, dado que sus incentivos y métodos convergen en el control armado de espacios y comunidades.

Un hito particular en este proceso fue el periodo 2019-2022, coincidente con la pandemia, que representó un punto de inflexión clave. Durante esos años, según Pares, la presencia y respuesta del Estado se vieron seriamente limitadas, otorgando mayor margen de maniobra a los grupos armados. Además, el mercado de la cocaína se reorganizó debido a restricciones de movilidad internacional, acrecentando la disputa por rentas ilegales y facilitando la ampliación de redes locales. Como consecuencia, la producción de cocaína rompió récords, con 1.982 toneladas fabricadas en 2020, según cifras de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), siguiéndose un mayor avance en los años siguientes.

Durante la pandemia, los grupos armados ilegales impusieron controles violentos en comunidades donde la presencia estatal fue más reducida, logrando eliminar competencias sociales y controlar la economía y la seguridad locales. Pares concluye que esta fase del conflicto ha sido marcada por la dificultad del Estado en anticipar o responder efectivamente al crecimiento criminal, fortalecido por una constelación de variables que van más allá de las estrategias oficiales de paz o de guerra.

La política de “paz total” del actual gobierno, liderado por Gustavo Petro, tampoco logró revertir esta tendencia. El deterioro de la seguridad antecedía la llegada del mandatario y continuó agravándose, consolidando así la nueva etapa del ciclo violento. Bonilla puntualiza que, aunque la estrategia de negociación no propició el fortalecimiento armado, tampoco logró frenarlo, pues todos los grupos hallaron condiciones favorables durante al menos siete años consecutivos, más allá de cambios de gobierno o de tácticas oficiales.

El informe de Pares ilustra cómo el Clan del Golfo expandió su presencia absorbiendo organizaciones locales y diversificando sus fuentes de ingresos ilícitos, lo que le permitió desplegar una violencia de bajo perfil y una notable flexibilidad operativa. Por su parte, el ELN aumentó su presencia en regiones estratégicas, logrando un reposicionamiento político tras la salida de las FARC y aprovechando los vacíos estatales, especialmente en las zonas fronterizas. En paralelo, las disidencias de las FARC experimentaron un rápido y fragmentado crecimiento, vinculando su avance a la captación masiva de miembros y la disputa de rutas del narcotráfico, a pesar de sus fracturas internas.

Otros grupos regionales y urbanos también incrementaron su influencia localmente, dominando economías ilegales, la extorsión y el control de la movilidad en áreas de disputa y ciudades intermedias. Esta complejidad revela que la reconfiguración del conflicto colombiano está lejos de resolverse y que el avance de los grupos armados persiste como un desafío de enormes proporciones para el Estado.

¿Cuál ha sido el impacto social en las comunidades donde los grupos armados expandieron su control?

Understanding el impacto social de la expansión armada es crucial para interpretar los desafíos de seguridad y derechos humanos en Colombia tras 2018. Según el informe de Pares, en los territorios donde las agrupaciones ilícitas ampliaron su dominio, la vida comunitaria fue marcada por la violencia, la imposición de normas y restricciones a la libre participación civil, así como por la redistribución de rentas ilegales que afectó directamente las dinámicas sociales y económicas locales.

La incapacidad del Estado para anticiparse a la reorganización armada permitió a los grupos ilegales ocupar roles que antes correspondían a autoridades formales de seguridad, justicia y regulación social. Este traspaso de funciones impactó a la población al dejarla expuesta a restricciones, amenazas y una reducción de los espacios de decisión autónoma, profundizando la vulnerabilidad de las comunidades frente a dinámicas de violencia y control armado.