Supersalud dispara contratos antes de la Ley de Garantías: ¿fortalecimiento o estrategia electoral?

En los últimos años, la Superintendencia Nacional de Salud de Colombia (Supersalud) se ha encontrado en el centro del debate público, después de que Andrés Forero, representante a la Cámara y candidato al Senado por el partido Centro Democrático, expusiera el notable incremento en los contratos por prestación de servicios de la entidad. De acuerdo con cifras proporcionadas por la misma Supersalud y citadas por Forero, entre 2022 y 2026 los contratos de este tipo han experimentado un alza del 719 %, coincidiendo con la administración del presidente Gustavo Petro.

Ante esta denuncia, la Supersalud respondió rápidamente mediante un comunicado de prensa, insistiendo en que “no ocultamos nada” y precisando que en 2021 contaban con 628 contratistas—una cifra 161 superior a los contratistas proyectados para 2026. Forero, sin embargo, detalló en su denuncia la llegada escalonada de nuevos contratistas: 57 en 2022, 135 en 2023, 138 en 2024, 311 en 2025 y, de manera especialmente significativa, 467 en enero de 2026, justo antes de la entrada en vigor de la Ley de Garantías.

La entidad argumentó que el incremento en la contratación responde a cambios institucionales fundamentales: en 2021, el gobierno de turno otorgó a la Supersalud 58 nuevas funciones y modificó su planta de personal, según los decretos 1080 y 1081 de ese año. Desde entonces, la actual administración asumió la tarea de implementar estos ajustes para fortalecer la función de inspección, vigilancia y control sobre el sistema de salud, enfocándose en supervisar a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS).

El crecimiento de la nómina, defendió la Supersalud, es imprescindible para garantizar que las EPS, IPS y demás agentes del sector cumplan con su responsabilidad de asegurar el acceso y la calidad en la salud, ampliando las auditorías y la asistencia técnica para evitar casos de negligencia en los servicios prestados.

Por otro lado, los datos expuestos por Forero muestran no solo un aumento en la cantidad de contratistas sino también un crecimiento exponencial en los montos destinados a estos contratos. El gasto reportado pasó de $4.473 millones en 2022 por 57 contratistas a $46.703 millones en enero de 2026 por 467 contratistas. A manera de comparación, en los primeros 30 días de enero de 2022 se firmaron 46 contratos por $4.158 millones; el mismo período en 2026 agrupó a 467 contratistas, cuyos honorarios sumaron $46.703 millones.

Forero denunció públicamente, además, lo que denomina prioridades distorsionadas por parte de la entidad, sugiriendo que este aumento apunta a conformar “ejércitos electorales” por encima de velar genuinamente por la salud de los ciudadanos, subrayando los riesgos que ello implica para la atención de los pacientes. No obstante, la Superintendencia Nacional de Salud reitera que su función principal es la supervisión del sistema y sostiene que actúa “con total transparencia”, centrada en cumplir su misión institucional de inspección, vigilancia y control, especialmente tras los cambios estructurales adoptados durante el actual mandato presidencial.

¿Por qué la Ley de Garantías influye en la contratación pública?

La pregunta sobre la incidencia de la Ley de Garantías surge a raíz de que la mayoría de los contratos y contratistas de la Supersalud en enero de 2026 aparecieron justo antes de la entrada en vigor de dicha norma. Esta ley, que se implementa en años electorales, establece restricciones sobre la contratación directa en entidades públicas con el objetivo de prevenir el uso de recursos estatales con fines políticos o electorales.

La relevancia de esta inquietud radica en el potencial impacto de la Ley sobre los procesos de contratación dentro de entidades como la Supersalud, especialmente cuando existen señalamientos de concentración de contratos previo a su aplicación. Entender el alcance y propósito de la Ley de Garantías y cómo puede modificar los patrones de vinculación temporal en el sector público resulta crucial para dilucidar si las contrataciones responden a necesidades reales o a dinámicas electorales coyunturales.