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Un análisis de La Silla Vacía sobre la política de seguridad del Gobierno evidenció la proliferación de casos que incluyen crímenes de Estado.
Serían 57 fuentes de todo el país las que le permitieron a ese portal llegar a esa conclusión, que habla en concreto de “denuncias contra fuerzas militares y policiales”.
Los hechos en cuestión habrían tenido lugar en “el sur de Córdoba, el bajo Cauca, el noreste antioqueño, Guaviare, la costa pacífica nariñense, el norte y sur del Cauca, el Catatumbo y Arauca”, mientras que la única zona que se desmarca de esa tendencia sería Cundinamarca.
Entre los abusos denunciados figuran “presuntas intimidaciones, capturas irregulares, empadronamientos, allanamientos, señalamientos sin pruebas contra los campesinos y ejecuciones extrajudiciales”, escribe ese medio.
Aunque no incluye denuncias sucedidas dentro de la minga indígena en el Cauca ni en protestas como las de Bogotá, serían en particular 12 los casos y 17 las denuncias en las zonas anteriormente especificadas:
Estas denuncias se suman a las de oenegés como Human Rights Watch, que en febrero pasado alertó sobre el nombramiento de al menos nueve generales implicados en ‘falsos positivos’ en altos cargos del Ejército colombiano.
La inquietud ha venido en aumento a partir del reciente asesinato del excombatiente de las Farc Dilmar Torres en el Catatumbo, que incluso ha sido tomado por ‘el Paisa’ e ‘Iván Márquez’ para denunciar falta de garantías en su proceso de reincorporación.
De hecho La Silla Vacía asegura que esa incertidumbre por las garantías para exguerrilleros es latente en siete de 12 Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) consultados por ese medio, donde asegura que reconocieron preocupación al respecto.
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