Escándalo con exdirector de Inteligencia de Petro: admitió que ofreció pagos a guerrilleros y bienes

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Una filtración expone los compromisos de la inteligencia estatal con redes criminales a cambio de información confidencial y favores judiciales.

La controversia política y de seguridad nacional en el país escaló a un nuevo nivel luego de que se revelara el contenido de una comprometedora grabación que expone las entrañas de los tratos entre altas esferas del Estado y redes criminales. La más reciente edición impresa de la revista Semana sacó a la luz los pormenores de un encuentro sostenido por el exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia, Jorge Lemus, y Manuel Antonio Castañeda, conocido en el mundo criminal como el ‘Narcochofer’ y señalado de actuar como un frecuente interlocutor entre la mafia colombiana y la administración del expresidente Gustavo Petro. El documento sonoro evidencia un supuesto pacto orientado a otorgar beneficios a cambio de información estratégica, comprometiendo bienes de la Sociedad de Activos Especiales e intentando frenar detenciones judiciales.

De acuerdo con la información ventilada en la grabación, el delincuente habría alcanzado acuerdos iniciales con el entonces director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, un entendimiento que posteriormente contaría con el respaldo o la validación de Lemus desde su posición al frente de la inteligencia nacional. Sin embargo, previo a la divulgación masiva del material sonoro, el exfuncionario entregó su versión de los hechos a los medios de comunicación, reconociendo que este tipo de acercamientos y ofrecimientos hacían parte de las dinámicas operativas para captar datos sensibles, aunque insistió enfáticamente en que dichos compromisos jamás se materializaron en la práctica institucional, de acuerdo con la revista.

Al ser interrogado de manera directa sobre la veracidad del contenido revelado en el audio, el exjefe de la DNI intentó matizar los alcances de la reunión argumentando que las promesas de gestión forman parte de una estrategia para obtener datos de los informantes, señalando textualmente: “Esas citas siempre se dan. Uno les ofrece, pero no es que les vaya a dar, pero esperando que ellos den la información, porque nos interesa es la información. Eso es lo que pasa siempre. Pero no es que uno ya se compromete a esto, que voy a hablar con la SAE, que voy a hablar con la Fiscalía, no. Uno les dice: ‘Sí, voy a hablar’, pero no necesariamente se da eso. En este caso, no se dio; yo no hablé con la SAE”.

El escándalo adquiere mayor gravedad al considerar que las gestiones prometidas involucraban el manejo discrecional de activos públicos administrados por la SAE y la interferencia en las funciones exclusivas de la Fiscalía General de la Nación para frenar órdenes de captura. Al ser confrontado sobre si le generaba suspicacia que desde la dirección de la UNP se ofrecieran bienes estatales y obstrucciones judiciales, Lemus admitió la irregularidad pero deslindó su responsabilidad directa, asegurando que tampoco le consta que Rodríguez hubiese concretado gestiones reales ante la entidad administradora de bienes incautados. Asimismo, el exfuncionario recalcó que sus funciones se limitaban exclusivamente a canalizar acercamientos de negociación voluntaria amparados por la ley, descartando tajantemente haber ofrecido bienes a cambio de los datos suministrados por las fuentes del hampa.

Frente al manejo de los recursos y el pago a los informantes de las estructuras criminales, el exdirector aclaró que dentro de la entidad de inteligencia no se emitieron recompensas de carácter financiero formal —figura que, según precisó, es de competencia exclusiva del Ejército Nacional—, aunque sí confirmó el desembolso de dinero a fuentes humanas ubicadas en zonas de influencia guerrillera y delictiva por fuera de Bogotá. Este nuevo entramado de filtraciones y reuniones clandestinas pone nuevamente bajo el escrutinio público las líneas divisorias entre la labor de inteligencia del Estado y la negociación informal con actores al margen de la ley, abriendo un profundo debate sobre los controles institucionales aplicados durante la administración anterior.