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Se presentó un lamentable hecho de violencia que recuerda el atentado contra Miguel Uribe. Hay preocupación por la instrumentalización de adolescentes.
Se trata del asesinato del concejal indígena Juan Camilo Espinoza Vanegas, que conmocionó a la comunidad de San Andrés de Cuerquia, municipio ubicado en el Norte de Antioquia. Es esto se suma el atentado conta el cabildante Christian Camilo Calle, en Campoalegre (Huila).
(Vea también: ¿Qué dijo la mujer capturada por el caso de Miguel Uribe? Tenía dudosos objetos en su poder)
Los hechos ocurrieron en la tarde del lunes 16 de junio de 2025, según informó Caracol Radio. La víctima, perteneciente al partido Autoridades Indígenas de Colombia y quien se desplazaba en silla de ruedas, fue atacada cuando se dirigía a su casa en la zona urbana del municipio.
El comandante de la Policía de Antioquia, coronel Óscar Rico, confirmó en comunicación con Caracol Radio que el homicidio se produjo después de las 5 de la tarde.
De acuerdo con el alto oficial, tras el crimen se logró la captura inmediata de un presunto responsable, un menor de 17 años. Al joven aprehendido se le incautó un arma de fuego que habría sido utilizada en el asesinato, además de una motocicleta que fue inmovilizada durante el procedimiento policial.
Este nuevo episodio de violencia en San Andrés de Cuerquia ha encendido las alarmas sobre la seguridad de los líderes sociales y representantes políticos, especialmente en zonas apartadas del país. De acuerdo con la información entregada por el coronel Rico, las primeras investigaciones indican que el menor capturado podría estar vinculado al grupo armado ilegal conocido como disidencias del frente 36, quienes estarían utilizando a jóvenes para cometer este tipo de delitos.
Las autoridades también afirmaron que no existían reportes previos de amenazas ni alertas de riesgo contra el concejal Juan Camilo Espinoza Vanegas. Esta situación plantea nuevos interrogantes sobre la eficacia de las estrategias de protección para los líderes sociales, así como sobre las formas actuales de violencia que enfrentan los actores políticos en territorios bajo influencia de grupos armados ilegales.
La reacción oportuna de la Policía permitió recolectar pruebas clave, como videos y testimonios de testigos, lo que facilita el avance del proceso de investigación y judicialización. La Fiscalía continúa trabajando en el esclarecimiento de los hechos y en determinar los motivos detrás del asesinato del funcionario.
Las circunstancias en las que ocurrió este crimen recuerdan el caso del precandidato presidencial Miguel Uribe, quien también fue atacado recientemente por un menor de edad que no aceptó cargos.
Esto pone en evidencia un preocupante patrón: la instrumentalización de adolescentes por parte de estructuras armadas ilegales para cometer actos violentos que afectan la estabilidad social y democrática del país.
El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
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