¿Nueva Constitución para Colombia? El polémico comité que divide al país y pone a prueba el poder ciudadano

La inscripción del comité ciudadano que impulsa la recolección de firmas para promover una nueva Asamblea Nacional Constituyente ha provocado hondas reacciones en el panorama político colombiano. El presidente Gustavo Petro respaldó la iniciativa y subrayó la importancia del “poder de transformar a Colombia y progresar” que, en su opinión, pertenece al pueblo. Según declaraciones difundidas en redes sociales y recogidas por El Espectador, Petro fue uno de los primeros en manifestar públicamente su apoyo a este proceso, recalcando que la verdadera transformación social debe nacer del consenso ciudadano y no solo de las instituciones existentes.

Durante el acto de radicación del comité ante la Registraduría Nacional, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, participó como delegado gubernamental y destacó la labor de los sectores sindicales y las organizaciones sociales en este empeño. Sanguino fue enfático al señalar que el Congreso, al que calificó como “mezquino y tacaño”, ha sido el principal responsable de convocar al país a buscar una salida mediante el llamado “poder constituyente”, la facultad de los ciudadanos para cambiar la Constitución. El funcionario manifestó la meta ambiciosa de recoger hasta diez millones de firmas, con el fin de legitimar la propuesta y permitir que el próximo Congreso analice y, eventualmente, apruebe la iniciativa popular legislativa.

Las voces en contra han sido igual de sonoras. Desde la oposición, la senadora y aspirante presidencial Paloma Valencia, perteneciente al partido Centro Democrático, acusó al gobierno de Petro de intentar debilitar las instituciones y argumentó que no existe fundamento para considerar que la Constitución de 1991 representa un obstáculo para el desarrollo del país. Otros opositores, como el representante Andrés Forero y el expresidente Álvaro Uribe, también del Centro Democrático, sostuvieron que la intención de modificar la Carta Magna responde a intereses de coyuntura política, llegando a señalar que el propio movimiento M-19, al que Petro perteneció, tuvo un rol activo en la redacción original del texto constitucional.

Entre los sectores políticos alternativos, figuras como Sergio Fajardo y miembros de La Gran Consulta—una plataforma conformada por líderes como Mauricio Cárdenas y Juan Manuel Galán, entre otros—criticaron la convocatoria. Fajardo aseguró que la propuesta representa una estrategia para acrecentar la polarización social y desviar la atención de los problemas de gestión del actual gobierno. Por su parte, representantes del Pacto Histórico, como Alejandro Toro, defendieron la propuesta constituyente al considerarla una respuesta legítima a un “pueblo cansado de abusos” y con el objetivo de destrabar reformas en salud y jurisdicción agraria.

A todo ello se suma la aclaración de Petro en cuanto a los riesgos democráticos: reiteró que la Asamblea Constituyente no se concretará durante su mandato, intentando despejar temores sobre un posible ejercicio de poder autoritario. Finalmente, la composición del comité promotor, integrado por nueve ciudadanos, evidencia la presencia de diversos sectores de la sociedad civil en el proceso de recolección de firmas, acción que pretende canalizar el descontento social a través de mecanismos institucionales. Los debates y reacciones ante esta propuesta muestran cómo el escenario político colombiano se prepara para un año electoral decisivo y polarizado, donde la reforma constitucional será uno de los temas centrales para gobierno y oposición.

¿Qué es el poder constituyente y por qué es relevante en Colombia?
La noción de “poder constituyente” hace referencia al derecho y la capacidad de la ciudadanía para redactar, modificar o reemplazar la Constitución Política de un país, en contraposición al poder “constituido”, que es ejercido por las autoridades e instituciones establecidas. En el contexto colombiano, este concepto cobró especial importancia durante el proceso que llevó a la elaboración de la Constitución de 1991 y resurgen ahora, según lo expuesto por el gobierno Petro y sus aliados, ante la percepción de que las reformas estructurales han sido bloqueadas por los órganos legislativos tradicionales. La discusión alrededor del poder constituyente pone en el centro el debate sobre la legitimidad democrática de cambiar la Carta Magna por vía popular frente a los límites que imponen la institucionalidad y los actores políticos tradicionales.