¿Una nueva Constitución para Colombia? Así planea el Gobierno transformar la economía, la justicia y el Estado

El Gobierno colombiano ha presentado ante el Congreso un ambicioso proyecto de ley cuyo propósito es convocar una Asamblea Nacional Constituyente. El objetivo central de esta iniciativa es examinar a fondo la estructura económica e institucional del Estado, así como modificar aspectos clave del modelo constitucional vigente desde 1991. Según el texto del proyecto, existen áreas cuya transformación no puede abordarse mediante reformas ordinarias, pues afectan los fundamentos estructurales de la Carta Política. Por tanto, se plantea la necesidad de una revisión más profunda y participativa, a través del mecanismo de la Constituyente.

Uno de los puntos neurálgicos del proyecto es el papel del Banco de la República. El Gobierno no propone eliminar la autonomía técnica de la entidad, pero sí abrir el debate acerca de su mandato constitucional, hasta ahora enfocado prioritariamente en garantizar la estabilidad de precios. De acuerdo con la exposición de motivos, la política monetaria debe articularse de forma explícita con metas nacionales de crecimiento económico, productividad y generación de empleo. Se sugiere que los objetivos sociales y de desarrollo productivo tengan mayor peso en la toma de decisiones, dentro de un esquema integral de coordinación macroeconómica.

El texto subraya que la estabilidad monetaria no puede ser un objetivo aislado cuando enfrenta problemáticas persistentes como la desigualdad, la informalidad laboral y la debilidad del aparato productivo. En ese contexto, se propone ajustar el funcionamiento del Banco de la República, transformar la banca pública y la política monetaria, y vincular ambas a una estrategia nacional dirigida a la creación de empleo. Además, el proyecto insta a que el Estado mantenga el control de los sectores estratégicos de la economía, al tiempo que sugiere restringir la tercerización de la fuerza laboral como parte de una visión de mayor protección social.

Otro elemento esencial es la reforma a la justicia constitucional. El Gobierno busca la posibilidad de establecer un tribunal constitucional autónomo, dotado de amplias facultades para afrontar lo que denomina “omisiones legislativas estructurales”. Es decir, aquellas situaciones donde el Congreso no ha desarrollado lo dispuesto por la Constitución. Se plantea la creación de un órgano con suficiente potestad para dictar decisiones de amplio alcance y garantizar el cumplimiento de derechos fundamentales cuando los mecanismos judiciales ordinarios resultan insuficientes. La definición de cualquier modificación referente a la justicia constitucional correspondería finalmente al poder constituyente.

En el terreno económico, el proyecto cuestiona el modelo de libre mercado definido en la Constitución de 1991. Propone avanzar hacia una economía mixta, con mayor presencia estatal en sectores clave, fortalecimiento de la banca pública, promoción de la economía cooperativa y popular, y revisión de la política de privatización de los servicios públicos. Busca también reexaminar la influencia del sector financiero e instaurar un nuevo marco constitucional para permitir una intervención estatal más decidida en la producción, el empleo y la distribución de la riqueza.

Sobre los plazos y el desarrollo del proceso, el presidente Gustavo Petro aseguró, a través de su cuenta en la red social X, que la convocatoria a la Asamblea Constituyente no coincidirá con periodos electorales. La recolección de firmas de apoyo ciudadano tendrá un plazo de tres meses. El proyecto será presentado ante el nuevo Congreso, elegido en marzo, después del 20 de julio y cuando ya haya una nueva Presidencia. Si la iniciativa se aprueba tanto en el nuevo Congreso como en la Corte Constitucional, la elección de los delegados constituyentes tendría lugar en la fecha que determine el alto tribunal y en un plazo no superior a tres meses, evitando cualquier coincidencia con las elecciones ordinarias.

Finalmente, el presidente destacó que entre los temas que contemplará la Constituyente figuran reformas sociales pendientes de aprobación en el Congreso, como la reforma pensional, de salud, al código minero, a los servicios públicos y a la educación, además de la reforma agraria y medidas frente a la crisis climática. Se incluyen también nuevos lineamientos para la organización territorial, modernización de la justicia, cambios en el sistema político, desarrollo del derecho a la paz, la seguridad integral y la política exterior de Colombia.

¿Cuál sería el impacto de crear un tribunal constitucional autónomo? El proyecto de ley presentado por el Gobierno propone la eventual conformación de un tribunal constitucional autónomo, con el fin de robustecer la capacidad del sistema de justicia para garantizar el desarrollo efectivo de los mandatos constitucionales. Esta propuesta responde a la necesidad de abordar las denominadas “omisiones legislativas estructurales”, es decir, aquellos casos en los que el Congreso no ha dado cumplimiento a obligaciones constitucionales explícitas.

La creación de un órgano de esta naturaleza podría tener implicaciones significativas en la estructura institucional del país, al dotar a la justicia constitucional de herramientas más eficaces para hacer valer los derechos fundamentales y exigir la materialización de órdenes constitucionales cuando los mecanismos tradicionales demuestren ser insuficientes. El debate sobre su conveniencia y alcance representa uno de los núcleos centrales de la discusión promovida por el proyecto de ley y será decisivo en la eventual convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente.