Filtración de documentos secretos: Petro responde a crímenes y retos en el proceso de paz con disidencias

A raíz de los recientes archivos filtrados de la disidencia Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), liderada por Calarcá Córdoba, el presidente Gustavo Petro expresó su opinión en la red social X. Los documentos, relevados por Noticias Caracol y citados por medios reconocidos como El Espectador, exponen una serie de delitos cometidos por dicha organización, incluyendo las órdenes para asesinar a firmantes del Acuerdo de Paz, casos de reclutamiento de menores, evidencia fotográfica de secuestros y ejecuciones, y diálogos acerca de la adquisición de armamento sofisticado.

Entre los hechos más impactantes se encuentra el asesinato de Juan Gabriel Hurtado el pasado 6 de enero de 2024. Hurtado, un excombatiente de las FARC en proceso de reintegración en el departamento del Meta, fue blanco de estos ataques sistemáticos. Petro, en un mensaje compuesto por once puntos, reconoció la veracidad de la información difundida, pero consideró equivocado afirmar que las actuales negociaciones con la disidencia hayan provocado el aumento de la violencia en sus filas. Según el mandatario, la labor de los diálogos —respaldados por la comunidad internacional— ha logrado frenar en cierta medida el deterioro de la situación.

El presidente destacó la importancia de evaluar el proceso de paz en el contexto regional, alejándose de diagnósticos centrales. Petro recalcó la gravedad de los delitos asociados al grupo de Calarcá, a quienes describió como los únicos disidentes auténticos que nunca firmaron la paz en el gobierno de Juan Manuel Santos. Señaló que estos miembros, degradados por la prolongación del conflicto, utilizan prácticas como el reclutamiento de menores y el asesinato de antiguos compañeros que no se subordinan a su autoridad.

Como muestra de los avances obtenidos, el presidente comparó las cifras periódicas de homicidios de firmantes del Acuerdo de Paz: según él, en 2020 se registraron alrededor de 80 víctimas anuales, mientras que actualmente esa cifra se redujo a 33, aspecto que Petro interpreta como un progreso relevante en materia de protección a la vida de los desmovilizados.

En cuanto a las negociaciones, se resaltó la importancia de los seis acuerdos alcanzados durante el séptimo ciclo de diálogos con la disidencia. Estos pactos abordan temas cruciales como la disminución de las hostilidades, la distribución de tierras, la protección ambiental y compromisos previos a las elecciones de 2026. Dentro de este marco también se plantea la transformación de las economías ilícitas en alternativas legales, buscando asegurar la subsistencia de los antiguos combatientes fuera del ámbito criminal.

Adicionalmente, Petro se refirió a la implementación de Zonas de Ubicación Temporal (ZUT), espacios destinados a facilitar la transición a la vida civil de miembros de grupos armados. Este tipo de medidas, según El Espectador, serán puestas en marcha con organizaciones como el Clan del Golfo en regiones de Chocó y Córdoba, y con la disidencia liderada por Mendoza en un proyecto piloto.

Otro tema relevante abordado por el mandatario es la situación de la fiscal general Luz Adriana Camargo Garzón. Petro criticó la falta de respaldo de la Fiscalía en la resolución del conflicto armado, sugiriendo que la fiscal estaría más preocupada por una supuesta inclusión en la lista Clinton—una base estadounidense que sanciona a individuos relacionados con actividades ilícitas—que por impulsar salidas sociojurídicas. Sin embargo, fuentes citadas por El Espectador desmintieron esta versión, asegurando que la fiscal no está incluida en dicha lista y atribuyendo la tensión a desacuerdos entre el Gobierno y la entidad.

Las publicaciones del presidente ponen en primer plano la complejidad de los retos que enfrenta el proceso de paz en Colombia, así como las tensiones entre las diferentes ramas del poder en la búsqueda de la reconciliación nacional.

¿Qué implica la transformación de economías ilícitas en legales dentro del contexto del proceso de paz?

La transformación de economías ilícitas en legales es un componente fundamental dentro de los acuerdos de paz en Colombia. El objetivo es sustituir las actividades ilegales, como el narcotráfico o la minería ilícita, que han financiado históricamente a los grupos armados, por alternativas sostenibles y lícitas que permitan la reintegración de los excombatientes en la vida productiva. Esta transición tiene un impacto directo en la prevención de recaídas en actividades delictivas y en la consolidación de la paz en las regiones afectadas por la violencia.

La dificultad de este proceso radica en la construcción de opciones económicas viables y en la creación de condiciones de seguridad suficientes para quienes apuestan por la legalidad. Según lo expuesto en los acuerdos del séptimo ciclo de diálogos, este enfoque no solo busca una solución individual para los excombatientes, sino que también pretende incidir positivamente en la economía regional y la protección de los derechos colectivos en los territorios.