Abandonan anciana que regresaba de México enferma, con 2 maletas y 2 mil pesos

La mujer de 77 años, que al parecer sufre del mal de Parkinson, está desnutrida y sufre una infección urinaria.

Pero ninguno de los familiares quiere responder por la anciana que, por ahora, se encuentra hospitalizada y bajo el cuidado de la Secretaría de Integración Social del Distrito, en Bogotá, informó Blu Radio.

La mujer fue identificada como Ligia Elvira Flórez y algunas versiones de prensa, entre ellas la de El Espectador, señalan que en una de sus manos tenía los números telefónicos de sus familiares, pero no ha sido posible que ellos asuman la responsabilidad del caso.

Entre sus pertenencias solo tenía un par de maletas, la ropa que usaba y 2 mil pesos en el bolsillo.

Patricia Gómez, subdirectora para la vejez de la Secretaría de Integración del Distrito, contó a esa emisora que el abandono de viejitos es un asunto frecuente.

“No solamente nos dejan las personas mayores en los parques tirados, en una unidad de urgencias de un hospital, sino que ahora los abandonan en las terminales aéreas”, afirmó la funcionaria.

El problema de los abuelitos abandonados por sus familiares es tan grande que lo que se ha hecho para resolverlo resulta insuficiente.

Un archivo digital de El Tiempo destaca que a mediados de los años noventa la mitad de las instituciones carecían de personal especializado para atender a esta población, mientras que la revista Semana, acudiendo a cifras de la Secretaria de Integración Social de Bogotá de 2013, informó que:

“En la capital, al día son abandonadas dos personas mayores de 60 años, lo que significa que al año más de 730 son dejados en hospitales o calles”.

La sentencia T696/12 de la Corte Constitucional obliga al Estado a responder por los abuelitos en estado de abandono e indigencia, pero exigiendo a los familiares que brinden toda la protección posible “debido a los lazos especiales que, se presume, se han creado por la convivencia de los miembros de este grupo social. Y solo ante la ausencia de una familia, o ante la imposibilidad comprobada de sus miembros de brindar la protección esperada, es el Estado y la sociedad quienes deben asumir dicha obligación”, afirma el documento del alto tribunal.