Denuncian presuntas irregularidades en contratación estatal durante gestión de Gustavo Petro y amenazas a Carlos Ríos

El ambiente político en Colombia se ha visto sacudido por las recientes denuncias del director del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), Carlos Ríos, quien afirmó haber sido víctima de amenazas tras hacer públicas en la Comisión Segunda del Senado supuestas irregularidades en la contratación de personal durante la gestión del expresidente Gustavo Petro. Según informó la oficina de prensa del presidente Abelardo de la Espriella en un comunicado oficial, el foco de la denuncia apunta a la presunta utilización de recursos públicos para la contratación de 48 mujeres bajo órdenes de prestación de servicios. De acuerdo con Carlos Ríos, estos contratos estarían relacionados con un supuesto objetivo de que estas mujeres estuvieran con el entonces presidente Gustavo Petro, una acusación que ha provocado un fuerte impacto en la opinión pública y ha incrementado la atención sobre el manejo de los dineros del Estado.

La Presidencia, a través de declaraciones de Miller Soto desde la Casa de Nariño, catalogó los señalamientos como “de enorme gravedad” y señaló que la Fiscalía ya adelanta una investigación penal para esclarecer los hechos y las posibles responsabilidades. Soto también expuso un hecho adicional: el ingreso de tres personas con antecedentes criminales al interior de la residencia del director Ríos tras revelarse las denuncias. Estas personas fueron identificadas y detenidas por las autoridades, lo que aumenta la preocupación por la seguridad de los funcionarios involucrados en el caso. Poco después, también se detectó la presencia de otra persona sospechosa cerca del colegio de los hijos de Ríos, pero esta logró huir antes de ser detenida. Las autoridades trabajan para identificarlo plenamente.

En paralelo con este proceso, las investigaciones en torno al expresidente Petro avanzan luego de las acusaciones públicas realizadas por Deicy Jiménez, quien lo señala de presuntamente utilizar contratos estatales para pagar encuentros sexuales. Jiménez divulgó un video junto a sus denuncias y ha entregado su teléfono celular para una inspección forense en la Fiscalía, buscando aportar pruebas tangibles a la investigación. Según información de El Espectador, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ha ordenado una revisión judicial de los contratos de Jiménez con el Congreso, mientras su declaración ante la Fiscalía permanece aplazada por el cambio reciente de defensa jurídica. Estas investigaciones resaltan la complejidad y sensibilidad de las denuncias, además de la repercusión institucional y mediática que rodea el caso.

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¿Cuáles son las acusaciones concretas contra Gustavo Petro según las denuncias de Carlos Ríos y Deicy Jiménez?

Las acusaciones al expresidente Gustavo Petro, de acuerdo con las denuncias de Carlos Ríos y Deicy Jiménez, giran en torno al presunto uso de contratos estatales financiados con fondos públicos para la vinculación de 48 mujeres mediante órdenes de prestación de servicios al DAPRE. Según lo afirmado por Ríos ante el Senado y por Jiménez en medios, estas contrataciones habrían tenido la finalidad de que las mujeres estuvieran con el expresidente y, en algunos casos, habrían implicado pagos por encuentros sexuales.

¿Qué medidas ha adoptado la Fiscalía tras las denuncias sobre contratos y amenazas en el caso Petro?

La Fiscalía ha abierto una investigación penal que incluye el análisis de la gravedad de los señalamientos por presunta corrupción y la eventual responsabilidad penal. Dentro de estas acciones, se ha realizado una inspección forense al celular de Deicy Jiménez y se está revisando la documentación relacionada con contratos cuestionados. Además, la Fiscalía investiga los hechos relacionados con las amenazas y el ingreso de personas con antecedentes criminales a la residencia de Carlos Ríos, lo que ha motivado un refuerzo de las medidas de protección a los denunciantes.