"Quedarán libres": alertan por grave problema en frontera con Ecuador sobre presos deportados

El alcalde de Ipiales (Nariño), José Amilcar Pantoja, se pronunció por la llegada masiva de ciudadanos colombianos que han sido deportados desde Ecuador y acusados de cometer delitos en ese país.

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La situación, que afecta directamente a este municipio fronterizo, se volvió crítica tras el anuncio del gobierno ecuatoriano de liberar a más de 800 presos colombianos como parte de una política para descongestionar sus cárceles.

Estos ciudadanos, algunos con antecedentes por delitos graves en Ecuador, están siendo trasladados hacia territorio colombiano a través del Puente Internacional de Rumichaca.

Según declaró el alcalde en rueda de prensa, las autoridades locales se encuentran gestionando la identificación de cada uno de los deportados y aseguró que algunos de ellos podrían quedar libres.

“La Policía está haciendo las labores de identificación a cada una de las personas que se encuentran en el puente. Una vez se censan, se identifican, si no tienen ningún tipo de delito acá en Colombia, inmediatamente quedarán libres acá en el territorio”, indicó el mandatario local.

Esta afirmación causa preocupación en la comunidad, pues la liberación de personas que han cumplido condenas en el extranjero, sin control efectivo ni acompañamiento institucional, podría derivar en riesgos para la seguridad.

El alcalde también señaló que en caso de que los deportados presenten antecedentes en Colombia, las autoridades procederán a realizar las capturas correspondientes.

“En el caso de presentarse algún delito en este lado colombiano, las autoridades van a proceder a capturar a las personas que tengan alguna situación. Nosotros ya estamos agilizando”, puntualizó.

Señalan a Ecuador de no cumplir protocolos para la deportación

Más allá del procedimiento de recepción e identificación, el mandatario local expresó su inconformidad por la falta de coordinación entre entidades del orden nacional y local.

“Quiero destacar que sobre este caso no tuvimos ninguna comunicación oficial ni institucional de este procedimiento. Aquí hace falta la presencia del departamento, hace falta la presencia de la nación”, afirmó, evidenciando un vacío institucional que ha puesto a la ciudad en una posición de vulnerabilidad frente a una situación que claramente desborda sus capacidades.

 Según información confirmada por la Cancillería colombiana, los deportados son personas que purgaban condenas por delitos como homicidio, narcotráfico, abuso sexual y secuestro en territorio ecuatoriano.

Muchos de ellos han aceptado su repatriación anticipada bajo condiciones legales que les permiten cumplir el resto de su pena en libertad, debido a que en Colombia no registran antecedentes judiciales.

El gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, también expresó su preocupación por la situación, advirtiendo que de no realizarse un control riguroso, estas personas podrían vincularse a estructuras criminales presentes en el sur del país.

Alertó sobre la necesidad urgente de revisar los antecedentes penales y migratorios de cada uno de los deportados para evitar que “se conviertan en un factor de inseguridad en el territorio”.

Las autoridades locales han señalado que más de 30 pasos irregulares conectan ambos países en esta zona, lo cual complica aún más la vigilancia y el seguimiento a quienes ingresan por vías no oficiales.

A esto se suma la limitada capacidad operativa de las autoridades en Ipiales, que no cuenta con un despliegue institucional suficiente para controlar este tipo de situaciones de alto impacto.

Frente a este panorama, la administración municipal hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional para que asuma su responsabilidad frente al fenómeno migratorio y, en especial, frente a la llegada de los deportados.

El alcalde pidió la presencia inmediata de delegados del Gobierno Nacional para que se instalen controles eficaces que garanticen tanto la seguridad como los derechos de las personas involucradas.

Este hecho, que comenzó como un trámite bilateral, hoy revela una seria fragilidad en las capacidades estatales para enfrentar crisis migratorias y de seguridad en las zonas de frontera.