Detienen al alcalde de Barbosa, Antioquia, por líos en contratos; tiene otros procesos

Un juez impuso medida de aseguramiento en contra del alcalde de Barbosa, Antioquia, Edgar Augusto Gallego Arias, por presuntas irregularidades asociadas a 5 contratos firmados por cerca de $165 millones de pesos.

Según informó la Fiscalía, el alcalde es investigado por haber celebrado dichos contratos con una mujer identificada como Silvia Ruth Gómez García, que durante las elecciones de 2019 aportó $10 millones para la campaña de Gallego.

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“Los hechos están relacionados con presuntas irregularidades cometidas en la celebración de 5 contratos, para el suministro de alimentos, para capacitaciones en el municipio y para la fuerza pública”, precisó la Fiscalía en un comunicado.

En medio de esa investigación, el ente le imputó al mandatario los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y falsedad ideológica en documento público. Recientemente, encontraon sin vida a bebé que había caído al río en Antioquia en accidente de barco.

Pese a que al inicio del proceso el alcalde había sido cobijado con una medida no privativa de la libertad, un juez revocó la decisión por solicitud de la Fiscalía y ordenó su detención en su lugar de domicilio, mientras se determina su culpabilidad.

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En ese mismo caso, también fueron vinculadas la secretaria de gobierno, Lorena Torres Montoya, y el secretario de servicios administrativos, Rogelio Córdoba Hoyos.

Además de esos dos casos, la Fiscalía recordó que el alcalde Gallego también tiene activos otros dos procesos judiciales por presuntas irregularidades en contratos firmados durante la pandemia, uno de ellos firmado con la misma aportante Gómez García.

“Gallego Arias tiene otras dos investigaciones en etapa de juicio por presuntas irregularidades en la celebración de igual número de contratos, los cuales fueron suscritos en pandemia. Uno, para la prestación de servicios de apoyo a la gestión en actividades logísticas, operativas y asistenciales para la atención de la emergencia nacional presentada por el COVID -19 y otro, para adquisición de alimentos y refrigerios para la población vulnerable y personal del equipo técnico encargado de atender la emergencia”, añadió la Fiscalía.