Embajador de Colombia ante la ONU cuestiona implementación del Acuerdo de Paz y genera controversia internacional

El reciente pronunciamiento de Mauricio Gaona, embajador de Colombia ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), ha generado controversia al interior y exterior del país. Durante una intervención en el Consejo de Seguridad, Gaona señaló que el “Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” no ha sido final, ni estable, ni duradero. Al respaldar esas afirmaciones, el canciller reiteró una postura gubernamental de fuerte crítica frente al pacto firmado en 2016, que permitió el desarme de más de 13 mil miembros de las FARC. De acuerdo con el análisis expuesto, es poco estratégico que el Estado colombiano, y no meramente el gobierno de turno, envíe señales tan negativas en escenarios internacionales, dado el valor diplomático del acuerdo, considerado un referente mundial en justicia transicional según estándares del Estatuto de Roma.

Para apoyar su argumento, Gaona utilizó cifras que sugieren un aumento en la cantidad de hombres en grupos armados ilegales, aumentando de 20.420 a 29.004 entre 2016 y 2026. Sin embargo, según señala el análisis, esas cifras no son equiparables sin el debido contexto, ya que omiten la existencia de otros grupos armados ajenos al proceso de paz, y no consideran factores como la aparición de disidencias y el crecimiento de organizaciones como el clan del Golfo, según datos del ministerio de Justicia. La Fundación Paz y Reconciliación (PARES) también resaltó que la falta de implementación del acuerdo en zonas previamente controladas por las FARC favoreció el surgimiento y fortalecimiento de nuevos grupos ilegales, revelando el impacto que tuvo la ausencia estatal.

Otra omisión crítica en el discurso oficial fue no aludir a los compromisos incumplidos por parte del Estado, especialmente en lo referente a la presencia institucional, la prestación de servicios y la respuesta oportuna a las necesidades regionales. Según la exposición realizada por la Comisión Colombiana de Juristas, representada en escenarios internacionales, el campesinado como sujeto de derechos requiere garantías internacionales, ya que cualquier medida que invisibilice este sector pone en riesgo lo pactado en materia de Reforma Rural Integral.

En el marco de los diálogos y reuniones internacionales, se advirtió sobre las acciones recurrentes del gobierno actual para debilitar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), tanto en lo presupuestal como funcional. A pesar de los desafíos, los presentadores destacaron avances respaldados por fuentes como el DANE y el Instituto KROC, con logros en reincorporación de excombatientes, reducción de la pobreza en zonas PDET y avances en procesos legales de tierras. Sin embargo, se alertó sobre el impacto de intervenciones como el desmantelamiento de las emisoras de paz impulsadas por el gobierno.

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¿Por qué la falta de implementación del Acuerdo de Paz ha favorecido el aumento de violencia en Colombia?

La falta de implementación integral del Acuerdo de Paz, especialmente en temas como presencia estatal, servicios públicos y apoyo al desarrollo regional, ha permitido el avance de estructuras armadas ilegales en territorios antiguos de las FARC. Según PARES, esto hizo posible la aparición de nuevas organizaciones, fragmentación criminal y conflicto adicional, pues no solucionar las causas estructurales del conflicto abre espacio para que los actores violentos ocupen esos vacíos.

¿Cuál es el papel de la Jurisdicción Especial para la Paz en el cumplimiento del acuerdo firmado por Colombia?

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es la instancia judicial clave del sistema de justicia transicional contemplado en el Acuerdo de Paz. Ha procesado a miles de comparecientes y acreditado a decenas de miles de víctimas, según la Comisión Colombiana de Juristas. Los intentos del Gobierno de debilitar su funcionamiento y reducir su presupuesto atentan contra las respuestas de justicia que, por décadas, han sido reclamadas por las víctimas del conflicto armado.