Aceptan renuncia protocolaria a fiscales delegados ante la Corte

Nación
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Llevaban casos de relevancia política, jurídica y social como los ´falsos positivos’ de Soacha o las filtraciones del hacker Sepúlveda.

Estos expedientes pasarán a otros investigadores que serán designados por el entrante fiscal general, Néstor H. Martínez, en los próximos días. Los nuevos fiscales tendrán que retomar los casos, algunos de ellos en etapa avanzada, y continuar recabando datos con los que están pendientes.

Entre los que se van están el fiscal Iván Lombana responsable del caso del ‘Zar de la chatarra’, James Arias, pendiente de un preacuerdo con la Fiscalía que supera los 750.000 millones de pesos, mencionó Noticias Uno.

Sobre este particular, Lombana también adelantaba una investigación por fraude a los hermanos Tomás y Jerónimo Uribe, indicó el noticiero.

Otro de los fiscales salientes es Julián Quintana, que era el Director Nacional del CTI, y que a su cargo tenía las investigaciones relacionadas con el hacker Andrés Sepúlveda, por infiltraciones al proceso de paz.

Quintana también había imputado cargos por este mismo hecho al exasesor espiritual de la campaña de Óscar Iván Zuluaga, Luis Alfonso Hoyos, resaltó el medio.

Otro grupo de fiscales delegados ante la Corte continuarán en la entidad, pero dejarán de investigar casos puntuales como los ‘falsos positivos’, las desapariciones y torturas en la retoma del Palacio de Justicia, el asesinato del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado, entre otros.

Ellos son los fiscales Yeny Claudia Almeida, Juan Vicente ValbuenaMaría Victoria Parra, indicó el noticiero.

El fiscal Néstor H. Martínez había mencionado en un discurso en la Casa de Nariño que el país tiene la misma tasa de impunidad de hace 25 años, es decir, del 99 %, y que de los 3,5 millones de delitos que se cometen en un año, apeas el 10 % de ellos son investigados.

Los cambios continuarán en los próximos meses cuando se hagan los ajustes requeridos al interior del ente acusador, hasta que el legislativo redefina la política criminal que dictará cuáles son conductas penalizables y cuales “requieren tratamiento penitenciario”, apunto el diario antioqueño.

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