#VenezuelaHoy Maduro cumple su amenaza y revoca permisos para operar a seis aerolíneas
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Visitar sitioEl Gobierno de Venezuela revocó los permisos de operación de seis aerolíneas internacionales acusadas de “sumarse a las acciones de terrorismo” promovidas por Estados Unidos, tras no reanudar sus vuelos en el plazo de 48 horas fijado por Caracas. La medida, anunciada por el ministerio de Transporte y el INAC, se produce en paralelo al despliegue militar estadounidense en el Caribe bajo la operación ‘Lanza del Sur’.
Maduro materializa su ultimátum. Varias aerolíneas internacionales acusadas por el gobierno de Venezuela de “sumarse a las acciones de terrorismo” promovidas por EE. UU. perdieron la concesión de vuelo al no reanudar los vuelos en las 48 horas fijadas por el ministerio de Transporte venezolano.
Mientras aumenta la presión en el Caribe, donde Trump mantiene su inédito despliegue militar, el miércoles 26 de noviembre venció el plazo otorgado por las autoridades venezolanas a las aerolíneas, a las 16:00 GMT (el mediodía en hora local).
Ese mismo día, el ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) anunciaron su decisión de revocarles los permisos para operar en Venezuela.
Las aerolíneas fueron señaladas de “sumarse a las acciones de terrorismo de Estado promovido por el gobierno de los Estados Unidos, suspendiendo unilateralmente sus operaciones aerocomerciales”, indicó el texto.
Seis aerolíneas fueron afectadas: la española Iberia, la portuguesa TAP, la colombiana Avianca, la filial colombiana de la chilena-brasileña Latam, la brasileña GOL y la turca Turkish, según la autoridad para la aviación civil (Inac) en una publicación en Instagram.
Con esta decisión, Venezuela se aísla y limita su conectividad aérea en un momento crucial para el transporte como es la Navidad.
Luego de que el pasado viernes la Administración Federal de Aviación de EE. UU. instara a las aerolíneas comerciales a “extremar la precaución” al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe ante lo que considera “una situación potencialmente peligrosa en la región”, el fin de semana estas compañías habían tomado la decisión de cancelar los viajes hacia y desde Caracas.
Por el momento, Copa, Wingo, Boliviana de Aviación y Satena, así como las compañías locales Avior y Conviasa (estatal) mantienen sus operaciones en el país.
El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, recordó que el Gobierno del país es quien “decide quién vuela y quién no” y “se reserva el derecho de admisión”.
“El Gobierno nacional, en una decisión soberana, les dijo a las empresas (aéreas): si en 48 horas ustedes no reanudan los vuelos, no los reanuden más. Quédense ustedes con sus aviones y nosotros nos quedamos con nuestra dignidad y listo, no hay problema”, manifestó el número dos del chavismo.
Hasta ahora, más de 8.000 pasajeros de al menos 40 vuelos diferentes se han visto afectados por la suspensión de vuelos, según datos de la Asociación Nacional de Agencias de Viaje y Turismo (Avavit).
Un avión estadounidense con 175 migrantes deportados aterrizó cerca del mediodía en el principal aeropuerto de Venezuela, el internacional Simón Bolívar, que sirve a Caracas. Una fuente del ministerio de Transporte interpreta que, con base en este caso, “no hay peligro en el espacio aéreo venezolano” y evidencia un “doble discurso” por parte de Washington.
Posteriormente, el Gobierno venezolano aseguró que EE. UU. solicitó “permisos especiales” para operar “rutas de repatriación con aviones estadounidenses”.
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Movimiento en el Caribe
La Fuerza Aérea de EE.UU. reveló que aviones bombarderos B-52H realizaron demostraciones de ataque esta semana en el Caribe, sin precisar la ubicación de estas demostraciones.
Las operaciones se enmarcan en la operación militar ‘Lanza del Sur’, anunciada el pasado 14 de noviembre para luchar contra el narcotráfico originado en Latinoamérica tres meses después de que comenzara el despliegue militar en la región.
Bajo el paraguas de ‘Lanza del Sur’, Washington ha desplegado el portaaviones USS Gerald R. Ford, buques de guerra y cazas de combate en el Caribe. Además, ha destruido más de una veintena de embarcaciones, dejando al menos 83 muertos, vinculándolas al narcotráfico, sin presentar prueba alguna de esta afirmación. Organizaciones como Human Rights Watch o la ONU consideran estas muertes como ejecuciones extrajudiciales.
Con EFE y AFP
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