"Hasta pronto, Barcelona": Uber y Cabify se despiden por condiciones del gobierno catalán

Las empresas anunciaron que se van por el decreto que obliga a pre-contratar los vehículos de alquiler (VTC) con una antelación mínima de hasta una hora.

El gobierno catalán decidió esta medida tras las movilizaciones de los taxistas barceloneses de hace dos semanas para reclamar que se limitara el servicio de los VTC, sus principales competidores.

Uber explicó en un comunicado que “ante las restricciones a las VTC aprobadas por la Generalitat (ejecutivo catalán), nos vemos obligados a suspender el servicio UberX en Barcelona“.

Para la compañía, la obligación de esperar como mínimo 15 minutos -plazo que podría incrementarse hasta una hora según los ayuntamientos- para viajar en un VTC “no existe en ningún lugar de Europa y es totalmente incompatible con la inmediatez de los servicios bajo demanda como UberX“.

La compañía apostó por una regulación “justa” y considera que la normativa debe tener en cuenta a los miles de conductores y usuarios de los VTC.

Uber volvió a trabajar en Barcelona el pasado mes de marzo, después de que en diciembre de 2014 un juez dictaminara el cese de su aplicación al constatar que sus conductores carecían de autorización administrativa para desarrollar su labor.

En el comunicado, la compañía asegura que volvió a Barcelona con el compromiso de “hacer las cosas bien” y, desde entonces, más de medio millón de personas han elegido este servicio para moverse por la ciudad y miles de conductores han encontrado en Uber una manera de ganarse la vida.

Poco después, Cabify también anunció que su aplicación informará a los usuarios de “su expulsión de Cataluña”, con la entrada en vigor de la normativa catalana, ya que el 98,5 % de los viajes gestionados a través de su app están por debajo de los 15 minutos de espera.

La empresa asegura tener millón de usuarios registrados en la provincia de Barcelona y considera que la nueva regulación tiene “como único objetivo” la “expulsión directa” de Cabify de Cataluña y Barcelona, lo que supondría la destrucción de 3.000 empleos en la región.