Trump desafía plazo de 60 días para ataques en Irán: la batalla legal que redefine los poderes de guerra

Este viernes 1 de mayo se cumple el límite legal de 60 días para sostener una guerra sin aval del Congreso de EE. UU., bajo la ley de 1973 que lo faculta con una directriz de emergencia. Sin embargo, la Administración de Donald Trump argumenta que ese plazo no se ha cumplido, debido a la tregua en curso. ¿Cómo puede el Gobierno evitar la aprobación del Legislativo si decide retomar el conflicto? Lo abordamos.

 

La Administración de Donald Trump ha abierto un nuevo frente —esta vez jurídico e institucional— al sostener que la guerra con Irán ha concluido y que, por tanto, no está obligada a someterse al límite de 60 días establecido por la Resolución de Poderes de Guerra de 1973. La interpretación, defendida por la Casa Blanca y el Pentágono, llega en un momento crítico: el vencimiento del plazo legal coincide con una tregua frágil en un conflicto que sigue condicionando la estabilidad de Medio Oriente y los mercados energéticos globales.

La tesis del Ejecutivo es clara, pero controvertida: si no hay combates activos, no hay “hostilidades” en el sentido jurídico estricto, y por tanto el contador legal se detiene. A partir de ahí, la Administración concluye que no necesita autorización del Congreso para mantener operaciones militares relacionadas con el conflicto.

La reinterpretación de los poderes de guerra

El eje central del argumento de la Casa Blanca reside en una redefinición funcional del término “hostilidades”. Según altos funcionarios citados por agencias internacionales, el hecho de que no se hayan producido intercambios de fuego desde el alto el fuego del 7 de abril implica que la guerra ha entrado en una fase de finalización efectiva.

En esa línea, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, defendió ante el Senado que el alto el fuego no es simplemente una pausa diplomática, sino un elemento que altera la naturaleza jurídica del conflicto. Bajo esta interpretación, el plazo de 60 días previsto en la ley quedaría “suspendido” mientras no existan enfrentamientos activos.

La Administración sostiene que esta lectura es coherente con el objetivo original de la norma: limitar guerras activas no autorizadas, no regular situaciones de baja intensidad o cese temporal de hostilidades.

La Resolución de Poderes de Guerra de 1973 fue aprobada en un contexto de desconfianza hacia el Ejecutivo tras la guerra de Vietnam. Su objetivo era claro: evitar que el presidente pudiera comprometer a Estados Unidos en conflictos prolongados sin supervisión del Congreso.

La norma establece que el presidente puede iniciar una acción militar en situaciones de emergencia, pero debe notificar al Congreso y obtener autorización si las operaciones se extienden más allá de 60 días. Además, prevé un período adicional de 30 días para la retirada ordenada de las tropas.

Sin embargo, la ley no define con precisión qué constituye exactamente “hostilidades continuadas”, lo que ha permitido históricamente interpretaciones flexibles por parte de distintas administraciones. El caso actual lleva esa ambigüedad a su límite más extremo.

El argumento de la “pausa legal” y sus implicaciones

El Gobierno sostiene que el alto el fuego vigente desde el 7 de abril transforma el escenario operativo. Al no existir combate activo, el conflicto dejaría de encajar en el supuesto regulado por la ley, lo que implicaría que el reloj de los 60 días se detiene.

Esta interpretación introduce un elemento novedoso en la práctica constitucional estadounidense: la posibilidad de segmentar un conflicto armado en fases jurídicas diferenciadas, donde las treguas no solo tienen efectos políticos o militares, sino también legales.

Desde el punto de vista del Ejecutivo, este enfoque otorga flexibilidad estratégica en un contexto en el que persisten operaciones indirectas, como el bloqueo naval en el estrecho de Ormuz, que sigue teniendo impacto en el comercio energético global.

La respuesta del Congreso ha sido mayoritariamente crítica. Para legisladores demócratas y parte de los republicanos, la interpretación de la Casa Blanca vacía de contenido la Resolución de 1973.

La senadora Susan Collins fue una de las voces más contundentes al señalar que el límite de 60 días no es una recomendación política, sino una obligación legal vinculante. Según este sector del Legislativo, aceptar la tesis del Ejecutivo supondría convertir la ley en un mecanismo fácilmente eludible mediante cambios de intensidad en el conflicto.

El debate no es menor: en juego está la capacidad del Congreso para controlar el uso de la fuerza militar en el exterior, uno de los pilares del equilibrio constitucional estadounidense.

Un precedente de alcance constitucional

Aunque la Administración afirma que las hostilidades han terminado, la realidad sobre el terreno sugiere una situación más ambigua. El alto el fuego ha reducido la confrontación directa entre Estados Unidos e Irán, pero no ha eliminado las tensiones regionales.

El bloqueo del estrecho de Ormuz, las operaciones navales estadounidenses y la persistencia de conflictos paralelos —especialmente en Líbano— mantienen un escenario de inestabilidad estructural. Además, episodios recientes de actividad defensiva en Teherán muestran que la situación dista de una normalización plena.

En este contexto, la decisión de declarar el fin de las hostilidades parece responder tanto a una lectura jurídica como a una necesidad política y estratégica: evitar un bloqueo institucional interno en un momento de alta sensibilidad internacional.

Expertos en derecho constitucional advierten de que la interpretación defendida por la Casa Blanca podría marcar un precedente significativo. La abogada Katherine Yon Ebright ha señalado que ni el texto ni la lógica de la Resolución de 1973 contemplan la posibilidad de suspender el cómputo del plazo por un alto el fuego.

En la práctica, aceptar este criterio abriría la puerta a que futuros presidentes gestionen conflictos prolongados sin autorización legislativa, siempre que mantengan fases intermitentes de baja intensidad o treguas tácticas.

Incluso dentro del entorno político conservador han surgido propuestas alternativas, como la idea de redefinir formalmente la misión militar bajo nuevas denominaciones operativas, lo que permitiría continuar acciones enmarcadas como autodefensa sin activar los límites legales tradicionales.

Entre la legalidad y la geopolítica

Más allá del debate jurídico, la cuestión tiene implicaciones directas en la política exterior estadounidense. El conflicto con Irán ha tenido efectos inmediatos sobre los mercados energéticos, con fuertes fluctuaciones del precio del petróleo, y ha reconfigurado equilibrios regionales ya frágiles.

La estrategia de la Casa Blanca parece buscar un punto de equilibrio: mantener capacidad de presión militar sin escalar hacia una guerra formal que obligue al Congreso a intervenir. Sin embargo, esta posición incrementa la tensión institucional interna y deja abierta la pregunta sobre hasta dónde puede estirarse la interpretación del marco legal sin erosionar su sentido original.

Es un conflicto abierto en dos frentes. La guerra con Irán, aunque reducida en intensidad, se ha desplazado a un terreno dual: el militar, aún activo en forma de operaciones indirectas, y el constitucional, donde se disputa quién define cuándo una guerra empieza, continúa o termina.

En ese cruce de caminos, la Administración de Donald Trump ha optado por una lectura expansiva del poder ejecutivo. El Congreso, por su parte, intenta reafirmar su papel como contrapeso.

El resultado es un conflicto que ya no se mide solo en términos de enfrentamientos armados, sino también en la interpretación de la ley que regula su existencia.

Con Reuters, AP y medios locales