Más de 6.000 colombianos serían deportados por medida de Trump contra inmigrantes

El gobierno de EE. UU. acabó el programa Daca, que protegía a jóvenes hijos de ilegales; el Congreso propondrá nueva ley en marzo.

La decisión fue anunciada por Jeff Sessions, fiscal general de Estados Unidos, e implica que, desde ahora, el Departamento de Seguridad Nacional no recibirá solicitudes de inmigrantes indocumentados para recibir amparo con el Daca (Deferred Action for Childhood Arrivals, ‘Acción Diferida para los Llegados en la Infancia’), informa The New York Times.

Hasta hoy, más de 800 mil jóvenes están amparados por ese programa, que les permite vivir en Estados Unidos, aun siendo ilegales, sin miedo de ser deportados. El Daca fue impulsado por el expresidente Barack Obama. Sin embargo, los funcionarios del actual gobierno aseguraron que, por ahora, todos ellos no se verán afectados por la decisión, que se esperaba desde la semana pasada.

Los jóvenes son conocidos como “DREAMers”, palabra que traduce “soñadores”, pero que también corresponde a la sigla de Development, Relief, and Education for Alien Minors Act, “Ley de Desarrollo, Socorro y Educación para Menores Extranjeros”).

Luego del anuncio, las personas que estén protegidas por el DACA podrán seguir trabajando con normalidad hasta que su permiso expire, y a quienes el permiso se les venza el 5 de marzo de 2018, podrán solicitar su renovación por dos años siempre y cuando lo hagan antes del próximo 5 de octubre (en un mes), agrega The Washington Post.

En el comunicado de este martes a los medios, Sessions dijo:

“El programa conocido como DACA, que fue efectuado en la administración de Barack Obama será revocado. […] La política fue implementada unilateralmente, en una gran controversia y preocupación legal”.

Según el medio mexicano El Financiero, la mayoría de los beneficiados con el DACA son mexicanos, que representan el 79 % del total con 787.580 favorecidos. A México le sigue El Salvador, con 19.466; Honduras, con 18.261; Perú, con 9.066; Corea del Sur, con 7.250; Brasil, con 7.542; Ecuador, con 6.696; y Colombia, con 6.591. El riesgo que todos ellos podrían correr desde ahora es el de la deportación. El futuro queda en manos del Congreso.