Redes sociales bajo fuego: cómo los rumores y el doxxing agravan las crisis tras tiroteos en EE.UU.

Recientes hechos en Estados Unidos pusieron bajo la lupa la complejidad y los riesgos de los tiroteos, así como el papel que juega la circulación de información en redes sociales durante estas crisis. Uno de los incidentes sucedió en Canton, Ohio, donde la policía evitó una tragedia en un centro comercial al impedir un ataque armado. Según la información difundida por Noticias Caracol y la agencia AFP, Shane Newman, un joven de 21 años con antecedentes penales, fue sorprendido mientras intentaba robar en un establecimiento Walmart. Tras ser confrontado por un agente, Newman intentó dispararle, pero su arma falló. Mientras intentaba recargarla, fue rápidamente reducido por el oficial con ayuda de un empleado de la tienda, logrando su detención sin que se produjeran víctimas.

Newman enfrenta cargos por intento de asesinato y otros delitos, mientras que la mujer que lo acompañaba, Katerina Jeffrey, de 23 años, también fue acusada por complicidad. Durante el arresto, se encontró a Newman en posesión de 50 pastillas de éxtasis. La fianza para él quedó establecida en un millón de dólares, y la de Jeffrey en 500.000 dólares, de acuerdo con las mismas fuentes.

Otro caso que puso a prueba la respuesta de las autoridades y la circulación de información ocurrió en Rhode Island. Dos estudiantes resultaron muertos y otros nueve heridos tras un tiroteo en la Universidad de Brown. La investigación, consignada por la agencia AFP, identificó como autor a Claudio Neves Valente, ciudadano portugués de 48 años y exalumno de la universidad, quien fue hallado muerto posteriormente por una herida autoinfligida en un almacén de New Hampshire. Las autoridades confirmaron que actuó solo.

Sin embargo, el proceso investigativo se vio empañado por el auge de datos erróneos y rumores difundidos en la red social X (antes Twitter), especialmente por cuentas anónimas que acusaron falsamente a Mustapha Kharbouch, un estudiante palestino, de ser el responsable del ataque. La situación se agravó debido a la viralización de información privada y amenazas hacia Kharbouch.

El superintendente de la policía de Rhode Island, coronel Darnell Weaver, fue enfático al señalar en rueda de prensa que las pesquisas deben sustentarse en pruebas y no en especulaciones ni en contenido propagado en redes sociales, el cual obstaculizó el avance de la investigación. Tanto la Universidad de Brown como la fiscalía y autoridades policiales exhortaron a cesar la difusión de información privada y rumores, subrayando el daño ocasionado a inocentes por esta dinámica digital.

Christina Paxson, presidenta de la Universidad de Brown, y el fiscal general Peter Neronha, coincidieron en rechazar la exposición injustificada de personas ajenas a los hechos, calificando el impacto de estos rumores como devastador. Finalmente, la universidad emitió un comunicado condenando el doxxing, es decir, la actividad de publicar datos privados en línea, que afectó notablemente a quienes no tenían relación con el crimen.

¿Cómo afecta la difusión de desinformación en redes sociales a las investigaciones judiciales?

La circulación de rumores y datos no verificados durante situaciones de emergencia puede dificultar gravemente el trabajo de las autoridades. En el caso expuesto, la viralización de información errónea no solo comprometió la integridad de personas inocentes, sino que además complicó la labor investigativa, desviando recursos y atención de los hechos realmente relevantes para esclarecer el caso.

Este fenómeno se ha hecho más frecuente con el auge de plataformas como X, donde cuentas anónimas pueden viralizar rápidamente acusaciones sin fundamento. Al exceder el ámbito digital y alcanzar la vida real, el doxxing y las amenazas ponen en riesgo a personas que nunca fueron objeto de investigación, como remarcó la presidencia de la Universidad de Brown. Ante ello, la responsabilidad en la comunicación y el respeto al debido proceso se revelan como aspectos centrales para garantizar justicia y proteger los derechos de todos los involucrados.