Ley ‘SAVE’ es aprobada en la Cámara Baja: ¿qué implica de cara a las elecciones de medio término en EE. UU.?

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el miércoles 11 de febrero una propuesta del Partido Republicano que exige a los estadounidenses una comprobación de ciudadanía para inscribirse a votar. El proyecto de ley, que enfrenta una fuerte resistencia en el Senado, se enmarca dentro de un esfuerzo más amplio de la Casa Blanca por reformar el sistema electoral, antes de las decisivas elecciones de término medio en noviembre. ¿Qué cambios buscan los republicanos antes de las 'midterms'? Lo abordamos.

Los republicanos de la Cámara de Representantes aprobaron una propuesta de ley que impone nuevos requisitos de comprobación de ciudadanía a los votantes estadounidenses, con la mirada puesta en las elecciones de medio término del próximo noviembre, que renovarán la Cámara de Representantes y parte del Senado.

La ley, titulada ‘Safeguard American Voter Eligibility Act’ (SAVE) –o, en español, Salvaguarda de la Elegibilidad del Votante Estadounidense– fue respaldada en un debate mayoritariamente partidista, con 218 votos a favor y 213 en contra.

La medida constituye una versión remasterizada de la legislación electoral que surgió durante la campaña presidencial de Trump en 2024.

SAVE Act modifica la Ley Nacional de Registro de Votantes de 1993, al exigir que cualquier persona que se registre en el censo electoral presente “pruebas documentales de ciudadanía estadounidense”.

Tras la aprobación de la Cámara de Representantes, la medida pasa al Senado, donde es difícil que reúna los 60 votos necesarios para evitar el procedimiento de obstrucción o ‘filibuster’.

La Administración de Donald Trump impulsa, paralelamente, la denominada Ley MEGA, que aparte de los requisitos incluidos en la SAVE Act, busca una reforma más profunda del sistema electoral.

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¿Qué cambios propone la ley?

La Ley de Salvaguarda de la Elegibilidad del Votante Estadounidense (SAVE) exige a los sufragantes que demuestren su ciudadanía al registrarse para votar, principalmente mediante un ID o pasaporte estadounidense válido o un certificado de nacimiento o naturalización.

Además, las autoridades electorales exigirían una identificación en vigor con foto el día de las elecciones, un requisito que ya aplican algunos estados. Aunque la ley federal electoral actualmente exige que los votantes sean ciudadanos estadounidenses, no existe la obligación de presentar pruebas documentales.

Bajo la Ley SAVE, los estados deberán ejecutar programas de verificación y eliminación de no ciudadanos en las listas electorales, utilizando bases de datos federales y otras fuentes.

Los republicanos justifican las reformas en aras de la transparencia electoral, en un contexto en el que su líder, Donald Trump, se continúa declarando falsamente víctima de un “fraude” en las elecciones de 2020 contra Joe Biden, lo que derivó en el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021.

Los defensores de la SAVE Act citan sondeos de opinión, incluido uno del Pew Research Center que muestra que el 83% de los votantes, incluido el 71% de los demócratas, respalda la identificación con foto de los sufragantes.

El republicano por Wisconsin Bryan Steil, encargado de presentar la propuesta en la sesión parlamentaria, defendió que “la ley actual no es lo suficientemente estricta”, por lo que promocionó la SAVE Act como una herramienta imprescindible para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente, en particular la que impide el voto a los inmigrantes no naturalizados.

Steil habla de “recuperar la confianza de los estadounidenses en las elecciones”, aunque el voto de los no ciudadanos en las elecciones federales ya está prohibido por la Constitución y las leyes federales de Estados Unidos. 

¿Cuáles son los argumentos en contra de ‘SAVE Act’?

Los demócratas que se oponen a la medida defienden que puede obstaculizar el derecho al voto de millones de estadounidenses, como, por ejemplo, las mujeres casadas que han cambiado su apellido.

El Centro Brennan para la Justicia —de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York— estimó en un informe de 2023 que el 9% de los ciudadanos estadounidenses en edad de votar, es decir, 21,3 millones de personas, no tienen a mano un comprobante de ciudadanía. En adición, casi la mitad de los estadounidenses carece de pasaporte.

Por ello, los críticos de la reforma electoral acusan a los republicanos de crear barreras innecesarias para algunos votantes, teniendo en cuenta que el sufragio de no ciudadanos es extremadamente raro y considerado un delito federal.

Aun así, el Departamento de Justicia (DOJ) está exigiendo los padrones electorales a estados como Georgia o Michigan, donde un juez federal desestimó esta semana la petición.

“Quiero ser claro: los republicanos intentan manipular las próximas elecciones”

Además, secretarios de gobierno de varios de esos estados han expresado preocupación porque los datos personales de los votantes sean compartidos por el Departamento de Justicia con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) para verificar la ciudadanía.

Los críticos de SAVE Act agregan que el hecho de que los estados compartan la información de sus votantes con el DHS puede derivar en una intromisión en la privacidad de las personas, en medio de un recrudecimiento de las redadas del ICE para aumentar las cifras de deportaciones de inmigrantes sin estatus regular.

“Quiero ser claro: los republicanos intentan manipular las próximas elecciones”, aseguró el representante Jim McGovern de Massachusetts, el demócrata de mayor rango en el Comité de Reglas de la Cámara de Representantes, durante una audiencia previa a la votación del miércoles en el pleno. “Los republicanos están impulsando la Ley para Salvar a América porque quieren que menos estadounidenses voten. Así de simple”, zanjó.

“Esas acusaciones son falsas”, respondió Bryan Steil, republicano por Wisconsin, tras asegurar que la Ley SAVE no persigue la “supresión de votantes”.

¿Dos leyes para influir en las ‘midterms’?

SAVE Act no es la única propuesta legislativa con la que el Partido Republicano, a petición de Donald Trump, impulsa un cambio de reglas electorales, en la antesala de los comicios de término medio en noviembre, en los que se definirá si el presidente mantiene la mayoría en las dos cámaras del Congreso, que hasta ahora le ha permitido gobernar con amplios poderes.

La primera semana de febrero, los republicanos presentaron otro proyecto de ley más amplio, al tiempo que el presidente abogaba porque, contrario a lo que establece la Constitución, sea el Ejecutivo federal el que supervise los comicios. 

La Ley ‘Make Elections Great Again’ (MEGA) —Ley para que las Elecciones Vuelvan a Ser Grandes— es un paquete legislativo más ambicioso, ya que, si bien contiene disposiciones de verificación de ciudadanía similares a las de la Ley SAVE, también incluye la obligatoriedad del uso de papeletas físicas, restricciones al voto por correo y una prohibición al sistema de voto por orden de preferencia en las elecciones generales. 

Los demócratas se opusieron a la totalidad del proyecto, tras considerar que “manipula”  las reglas antes de las elecciones de 2026, en palabras de Joe Morelle, principal demócrata en el Comité de Administración de la Cámara. 

Hakeem Jeffries, líder demócrata en la Cámara, sostuvo que “los republicanos no quieren unas elecciones libres y justas porque saben que, si eso ocurre, van a perder”.

MEGA Act también prohibiría a los votantes entregar papeletas selladas a terceros para su traslado al centro electoral, una práctica actualmente permitida en 18 estados.

Con AP y medios locales