Renuncia el fiscal general de España tras polémica condena del Tribunal Supremo

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, renunció a su cargo este lunes 24 de noviembre, luego de que la semana pasada el Tribunal Supremo lo condenara a dos años de inhabilitación–el tiempo que resta al actual Gobierno–por supuestamente filtrar información secreta sobre el caso de fraude fiscal de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, del opositor Partido Popular. La polémica crece en el país tras una condena que llegó sin pruebas concluyentes.

Se aparta del cargo el fiscal general del Estado en medio de un convulso panorama político en España.

Álvaro García Ortiz presentó este lunes 24 de noviembre su renuncia al ministro de Justicia, Félix Bolaños, luego de que el pasado 20 de noviembre el Tribunal Supremo lo condenara a dos años de inhabilitación tras considerarlo culpable de revelación de datos reservados.

Sin embargo, se trata de una condena plagada de cuestionamientos, luego de que el Supremo–conformado por cinco jueces conservadores y dos considerados de tendencia progresista–lo declarara culpable aun sin pruebas concluyentes en su contra. 

Una condena que, además, llegó de manera express y fue comunicada, sin que los jueces hayan redactado los argumentos de la sentencia, algo aún a la espera de conocerse.

En su carta, García Ortiz solicita su cese “sin esperar siquiera a conocer la motivación de la sentencia” del que por ahora solo se conoce el fallo.

“Es un acto debido no solo al Ministerio Fiscal, sino a toda la ciudadanía española”, señala. Asimismo, García Ortiz expresa su “profundo respeto a las resoluciones judiciales” a la vez que subraya la voluntad “siempre presente” en su mandato de “proteger a la Fiscalía española y a sus fiscales”.

Además de la inhabilitación, el alto tribunal impuso al hasta ahora fiscal general el pago de una indemnización de 10.000 euros por “daños morales” a Alberto González Amador, el empresario en el centro del caso, luego de que confesara un delito de fraude fiscal.

Sin embargo, hasta ahora, la única sentencia se ha emitido en contra del fiscal general por la supuesta filtración de datos sobre ese caso.

El Supremo también ordenó a García Ortiz el abono de las costas procesales del juicio, incluyendo las de la acusación particular que ejerció el empresario.

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La polémica que rodea una sentencia inédita en España

El caso inició tras la confesión de fraude fiscal de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, del opositor Partido Popular (PP), el empresario Alberto González Amador.

Sin embargo, el proceso dio un giro al poner el foco en la Fiscalía por la presunta filtración de información secreta relacionada con ese caso.

De los siete jueces, cinco votaron a favor de condenar al fiscal y dos discreparon.

Al declarar durante el juicio, García Ortiz negó las acusaciones de haber compartido con los medios de comunicación el contenido de un intercambio de correos electrónicos entre la Fiscalía y el abogado de González Amador, en el que este proponía que su cliente admitiera dos cargos de fraude fiscal como parte de un acuerdo para evitar la cárcel.

Posteriormente, González Amador declaró ante el tribunal que no tenía conocimiento de dicho acuerdo y aseguró que la filtración le había “arruinado la vida”. La pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid está siendo investigado por “claros indicios” de que se había servido de “facturas falsas” para defraudar 350.951 euros a Hacienda entre 2020 y 2021, obtenidos por la venta de mascarillas en la peor etapa de la pandemia del Covid-19.

Pero lejos de centrarse en este asunto, el acusado escaló el caso al Supremo, dando un giro en la acusación contra la Fiscalía.

Mientras aún no se conoce ningún resultado del proceso judicial contra González Amador, la condena contra el fiscal general del Estado llegó rápidamente y pese a que no fueron presentadas pruebas concluyentes que indicaran la culpabilidad de García Ortiz en la presunta filtración de información.

Los magistrados del Supremo descartaron la declaración bajo juramento de seis periodistas que testificaron ante el Tribunal y aseguraron que el fiscal general no fue la persona que filtró los datos. 

Los comunicadores no divulgaron el nombre de la persona que lo habría hecho, dado el principio de protección de las fuentes. Y la Fiscalía señaló que más de 500 personas tenían acceso al correo en el que González Amador confesó el delito. Hasta ahora, no ha quedado demostrado que el hasta hoy fiscal general fuera la persona que filtró la información.

No obstante, durante el juicio, la defensa de González Amador apuntó a la nota de prensa, emitida por la Fiscalía y reconocida por García Ortiz, en el que desmentía que hubiera un trato entre el ente acusador y el hombre que confesó el delito para no pisar la cárcel.

Debido a que la sentencia de los jueces aún no ha sido difundida, se desconoce si la condena al fiscal general recae en la supuesta filtración del correo electrónico o en la nota de prensa que emitió la Fiscalía para desmentir el supuesto acuerdo con González Amador.

El caso ha enfrentado al Gobierno minoritario de izquierdas de España con el PP, que ha criticado a la Administración de Pedro Sánchez por varios casos de corrupción.

Algunos analistas políticos y miembros de la izquierda política han señalado lo ocurrido como “un golpe judicial”. Por su parte, la oposición de derecha recrimina al Gobierno por la supuesta violación de la ley y exige, una vez más, la renuncia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La portavoz del PP en la Cámara Baja, Ester Muñoz, declaró en X que Sánchez debía disculparse con los españoles, dimitir y convocar elecciones anticipadas.

Con Reuters, EFE y medios locales